No más abusos contra los arroceros

Miguel Ángel Barreto

Parece una historia de nunca acabar la coyuntura que protagonizan los productores e industriales del arroz cuando la cosecha y las importaciones de terceros países se acumulan y superan la capacidad de absorción de la molinería. No obstante, la polarización entre ambos eslabones de la cadena es cada vez mayor por las condiciones del mercado, especialmente por la depresión en los precios de compra a los productores.

La problemática se vuelve recurrente en julio y agosto, cuando se recoge el grueso del cereal en el Tolima Grande y los Llanos Orientales, época en que los precios se deprimen y afectan la rentabilidad de los productores, quienes pierden dinero y se atrasan en sus deudas adquiridas con los intermediarios financieros.

En el Congreso y especialmente en la Comisión Quinta del Senado hemos dialogado con los arroceros, quienes piden que desde el legislativo denunciemos a las grandes empresas molineras y comercializadoras de arroz por lo que sería un abuso dada su posición dominante.

Por esto se solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) se cumplan las respectivas investigaciones frente a las prácticas restrictivas de la libre competencia y monopolísticas de estas empresas que, según los denunciantes, continúan fijando los precios en el mercado de adquisición de arroz paddy verde, teniendo siempre como argumento el comportamiento de la oferta y la demanda para fijar los valores de referencia.

Aunque hubo sanciones y multas, incluso ratificadas por el Consejo de Estado, cabe anotar que el llamado a la SIC es a permanecer vigilante para que estas industrias respondan por sus acciones y sean aplicadas medidas más rigurosas cuando estas conductas se vuelvan reincidentes. Es evidente que una multa, por ejemplo, de 2.400 millones de pesos, para compañías que controlan el 70% por ciento de la comercialización del mercado resultan exiguas, por lo que se requieren sanciones de mayor calado. Un cartel del arroz atenta contra la economía agrícola del Tolima, las demás zonas arroceras de Colombia y los consumidores.

Por la anterior razón, resulta conveniente revisar la necesidad de aumentar la capacidad sancionatoria de la SIC, tal y como lo propone la Ocde, adoptando el modelo europeo y americano, que ya acogieron México, Brasil y Chile, con multas disuasorias que equivalgan hasta al 10% de los ingresos operacionales de las empresas que violen el régimen de libre competencia, porque la capacidad que hoy tiene esta entidad para sancionar termina siendo menor frente a los abusos y lo que se estima pudieron haber ganado por su participación con la cartelización del mercado es varias veces superior a la multa más alta que les puede imponer la SIC.

En esta coyuntura otras responsabilidades le caben al Gobierno nacional. Por ejemplo, controlar el contrabando de arroz por las fronteras y fortalecer el pie de fuerza aduanero. Sin embargo, lo primordial es dotar a la cadena de un mecanismo capaz de absorber y almacenar las importaciones del cereal provenientes de la Comunidad Andina de Naciones, y especialmente del Tratado de Libre Comercio, TLC, con Estados Unidos.

Sin duda, el arrocero está hoy en medio de un panorama complejo y oscuro, de un lado su actividad está amenazada por los acuerdos comerciales que son de obligatorio cumplimiento y cuyos contingentes crecen de acuerdo con los periodos de desgravación acordados entre las partes, y de otro, está frente a una industria que solo piensa y actúa pensando en sus márgenes de rentabilidad. Tal coyuntura exige una revisión exhaustiva del Ministerio de Agricultura para fijar una política de siembra, compra, comercialización y distribución de este alimento vital para la canasta familiar.

No es aceptable entonces que se les condene a la ruina y/o a la desaparición en el mediano plazo si antes no se toman los correctivos justos para su supervivencia y que depende del Estado comenzar a implementar de manera eficiente y coordinada. Todavía hay tiempo de evitar un desastre social y económico de nefastas proporciones. No me imagino qué sería de la agricultura del Tolima sin el cultivo del arroz.

Senador

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