El Consejo de Estado tomó esta semana una decisión responsable con el medio ambiente, que no solo se debe aplaudir, sino también respaldar con total entereza, mucho más cuando en el Tolima existe la amenaza permanente de la exploración y explotación de combustibles con base en las peligrosas técnicas de los Yacimientos No Convencionales (YNC).
Enhorabuena para los habitantes de Icononzo, Dolores, Cunday, Purificación, Prado, Melgar y Villarrica, el alto tribunal decidió mantener en firme la suspensión de los actos administrativos reglamentados por el Gobierno para el uso del fracking en todo el territorio colombiano, lo que es positivo para el ecosistema del Bosque de Galilea, reserva natural que protege más de 33 mil hectáreas de amplia biodiversidad y que es una fábrica de agua vital para el oriente de nuestro Departamento y varios municipios de Cundinamarca.
Incluso, para Ibagué, San Luis, Alvarado, Piedras, Coello, que hacen parte del proyecto Valle Superior del Magdalena (VSM-25), la información es relevante toda vez que se garantizaría salvaguardar el acuífero de la capital tolimense y los ríos Coello, Totare y Opia. Vale aclarar que Ecopetrol no ha manifestado abiertamente si este proceso se cumpliría con los métodos extractivos tradicionales o con base en los YNC, pero lo cierto es que las empresas interesadas en estos bloques en el territorio nacional cuentan con amplia experiencia en fracking y la política petrolera priorizó dicha alternativa.
No obstante, la discusión seguirá abierta, polarizada y será más álgida en los próximos meses, pues esta suspensión obliga al mismo Consejo de Estado a resolver varias demandas y especialmente a establecer una nueva ponencia, que sería aprobada o rebatida por los magistrados para llegar a una decisión jurídica final para la autorización del fracking o su rechazo respecto a la implementación de esta técnica en suelo colombiano. Seguramente en este escenario en el que se avecina un enorme juego de poderes “se moverán cielo y tierra” y el desenlace se extenderá hasta el próximo año.
De hecho, ya se quiso originar un pequeño pánico económico cuando se lanzó la aseveración de que lo que está en peligro es la seguridad energética de la Nación, que el dólar llegaría a cinco mil pesos y que el país entraría a depender de las importaciones de gas y petróleo. Las pérdidas ya son valoradas en varios billones de pesos anuales. Sin embargo, uno esperaría que los magistrados no sucumban al chantaje de este discurso y de las multinacionales, más bien que sopesen los argumentos, las investigaciones y los estudios en igualdad de condiciones tanto para quienes están a favor como en contra de los YNC.
Los consejeros tendrán una labor histórica y titánica a la hora de establecer una hoja de ruta jurídica con incidencia en los ámbitos de la economía, la política y lo social para el mediano y largo plazo, en donde se defina con toda claridad si el camino o la prioridad es la conservación del medio ambiente o la explotación de hidrocarburos no convencionales y/o en qué casos estos últimos serían posibles.
Sin embargo, lo fundamental en esta discusión son los riesgos para el ambiente y la salud humana que están asociados al fracking y que precisamente han surgido en países donde se cumple esta práctica, especialmente Estados Unidos. Los temores recaen en el alto consumo de agua, el agotamiento de las fuentes hídricas en los procesos de exploración, así como en la alteración de los ciclos hidrológicos establecidos. Otros efectos negativos asociados son: liberación de metano, contaminación atmosférica, el uso de químicos y tóxicos, la sismicidad inducida y la devastación de la biodiversidad existente.
Además, y con base en nuestra realidad, en este proceso ni las corporaciones ambientales, ni los funcionarios de las agencias de licencias ambientales, de minería o hidrocarburos del país cuentan con el personal especializado para evaluar, hacer seguimiento, controlar o intervenir eficientemente a estas empresas en caso de hallar irregularidades, porque sencillamente se desconocen las tecnologías asociadas a los YNC y sus impactos. En otras palabras, ellos ponen el dinero, las condiciones, la tecnología y presentarán sus informes a su amaño y beneficio empresarial. Es un ensayo y error.
Desde el Congreso seguiremos apostando por la defensa del agua, de la vida y los recursos naturales, mucho más cuando nuestro país y especialmente en el Tolima venimos sufriendo por estos días los estragos del cambio climático. Es preocupante y motivo de alerta que el fracking empeore aún más nuestro ya golpeado y desgastado sistema ambiental.
Senador
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