Aunque la agenda legislativa está muy apretada, a dos meses de concluir este año y después del desgaste electoral de los partidos el pasado 27 de octubre, el Congreso y el Gobierno nacional han priorizado, como es lógico, sacar adelante la nueva ley de financiamiento o reforma tributaria. Esto no estaba en el cálculo inicial de nadie, pero hoy es urgente realizar un enorme esfuerzo para salvaguardar las finanzas del país y sus regiones.
Tras la decisión de la Corte Constitucional de declarar inexequible la ley 1943 por vicios en su trámite, lo que está en juego es demasiado importante y no hay espacio ni es el momento para maniobras dilatorias, oportunismo o protagonismo mediático. Despejar y garantizar el panorama fiscal y el recaudo desde 2020 en adelante es un reto del cual el partido Conservador es plenamente consciente y en este escenario actuará con la debida responsabilidad para dar tranquilidad a los colombianos, al empresariado nacional y a los mercados internacionales.
En este cierre de 2019 quedó en evidencia que la ley de financiamiento elevó las expectativas de crecimiento de la economía a un 3.4% y que la Inversión Extranjera Directa (IED) bordea los 20 billones de pesos, cifras muy alentadoras si se tiene en cuenta el actual escenario latinoamericano. Una cosa es predecible y es que las actuales crisis sociales, políticas y económicas de nuestros vecinos dejan a nuestro país con las mejores expectativas para que los inversionistas extranjeros decidan ingresar a nuestro espacio económico. También, ser miembro de la Ocde, supone la obligación de que el Gobierno y la legislación nacional aborden y mejoren las prácticas empresariales y comerciales. Hacer parte de este club permitirá estrechar nuevos vínculos con economías desarrolladas.
Sin duda, parte de la importancia de tramitar nuevamente esta reforma, radica en fortalecer la seguridad jurídica que en el ámbito internacional es fundamental para mejorar las calificaciones e incidir en los grados de inversión y calificación, que permitan un mayor crecimiento de la IED, lo que redundaría en el crecimiento del empleo, en garantizar los niveles de oferta y demanda agregada, ampliar el espectro del consumo de los hogares y abrir nuevos nichos y oportunidades empresariales.
Esta reforma no es la pócima mágica para resolver todos los problemas del país y sin duda requiere ajustes, pero para efectos prácticos y como está concebida, garantiza exenciones por largos periodos a los inversionistas en agricultura, impulsa los emprendimientos, beneficia el turismo y la hotelería, y otorga garantías impositivas para las denominadas mega-inversiones, además de mejorar la lucha contra la evasión, que es un verdadero cáncer fiscal para el Estado.
En este orden de ideas, y a pesar de lo esgrimido por la honorable Corte, es importante mantener el impuesto de renta al sector financiero, que por cierto tiene ganancias vertiginosas, y el cual estaría muy bien aporte unos 700 mil millones de pesos, de los 7.5 billones que se pretenden seguir recaudando con el grueso del paquete tributario.
Como la discusión se profundizará en las próximas semanas es importante que los cambios que se introduzcan al nuevo paquete sean prácticos, razonables con las finanzas y estén orientados fundamentalmente a garantizar aspectos como: Disminuir las cargas a las empresas, propender por la austeridad estatal, mejorar el grado de formalización de la economía, disminuir el desempleo, estimular la inversión pública y la privada tanto en lo regional como en lo externo, y especialmente generar confianza jurídica.
Como no hay tiempo que perder habrá que recordar que la principal responsabilidad de este trámite legislativo no es con el Gobierno nacional, sino con el país. No tener aprobada la reforma el 31 de diciembre sería muy negativo y regresivo para las finanzas públicas.
Senador
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