Como muy fuerte ha sido calificada la temporada de verano que afronta el país y que según estimaciones del Ideam iría hasta mediados de marzo. La preocupación en los municipios en el Tolima no es menos alentadora, pues los habitantes ya comenzaron a experimentar temperaturas que superan en algunos casos los 37°C en poblaciones como Guamo, Flandes, Saldaña y las autoridades municipales alertan por la disminución de los caudales de los ríos.
Hay que reconocer que esta condición no es nueva y las noticias de los medios de comunicación son prácticamente muy parecidas año tras año. Es evidente que el calentamiento nos está golpeando directa y reiteradamente y que los periodos tradicionalmente de calor en un año como son enero-febrero y junio–julio-agosto, son cada vez más intensos y que rápidamente las altas temperaturas están absorbiendo con mayor ‘eficiencia’ los depósitos de las lluvias en las altas montañas, situación que se agrava con el derretimiento del glaciar de los nevados.
Esto también se puede verificar fácilmente con base en la velocidad en que se presenta la disminución de los caudales de las principales fuentes hídricas. La afectación a este tipo de ecosistemas inmediatamente pone en jaque el abastecimiento de los acueductos y por ende se corre rápidamente el peligro de un racionamiento.
No en vano, en Colombia estamos en mora de realizar actividades más eficientes y contundentes para evitar un mayor deterioro de nuestro entorno y garantizar la biodiversidad, especialmente el agua. En un primer término, las autoridades deben intensificar sus operaciones contra la minería ilegal, especialmente las relacionadas con el oro, y de la cual se aprovechan en muchos casos grupos disidentes o al margen de la ley. Igualmente, el control y monitoreo de las selvas, especialmente la Amazonía colombiana y las selvas tropicales del Pacífico, labor que el Estado solamente puede adelantar siempre y cuando haya una relación directa con las comunidades que habitan estos apartados lugares y existan actores vinculantes como las universidades y organizaciones no gubernamentales.
Es particularmente significativo y lo he dicho en otras columnas que los alcaldes y gobernadores deberían crear y/o empoderar las secretarías de Medio Ambiente y aumentar los presupuestos para estas dependencias, además de fortalecer los sistemas de atención de desastres con instrumentos, personal y planes de prevención directamente con las comunidades más vulnerables. En este escenario los municipios más expuestos requieren que los planes de desarrollo de la Nación, los departamentos y municipios prioricen y estén armonizados con infraestructura física asociada con acueducto, alcantarillado, agua potable y protección de los activos ambientales.
En esta nueva vigencia, desde el Congreso, precisamente entrarán en trámite legislativo en el Senado y Cámara de Representantes 31 proyectos de ley, todos vinculados con algún tipo de normatividad ambiental, relacionados algunos con energías limpias, agricultura sostenible, seguros de cosecha para proteger a los productores de desastres naturales, mayores regulaciones a la minería y la definición de las cuencas hidrográficas como un asunto de seguridad estratégica nacional. Trabajaremos, dada la apretada agenda, para que la mayoría se conviertan en leyes de la Nación.
Por el momento y como colombianos es importante plantearnos cada uno de nosotros, desde nuestra actividades y roles en la sociedad, cómo aportamos a mejorar nuestro país y entorno en términos ambientales, porque el aumento de las sequías es una realidad y según estudios del Ideam, el ciento por ciento de los municipios colombianos experimentará riesgos asociados al cambio climático de manera indefinida y a partir de 2040 la tendencia del calentamiento global podría ser irreversible.
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