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Con contundencia no solo la sociedad está llamada a rechazar, por ejemplo, el paro armado, promovido por el Ejército de Liberación Nacional, Eln, sino que como integrantes de un país que no declina en su lucha contra los grupos guerrilleros también hay que rodear a los hombres y mujeres que conforman nuestro Ejército, Policía, Armada Nacional y Fuerza Aérea.
Con preocupación asistimos a un escenario en el que es evidente una reorganización criminal con injerencia de carteles de la droga de otros países, como lo es la influencia de las mafias mexicanas en el Cauca y el corredor del Pacífico. También es muy real y peligrosa la asistencia que desde el gobierno de Nicolás Maduro, en Venezuela, se presta a estructuras de disidentes para desestabilizar la seguridad en Colombia y la protección a grupos criminales en su suelo, caso Eln. El amparo bolivariano a organizaciones terroristas internacionales como Hezbolá, brazo derecho del régimen iraní, no es precisamente un chiste del gobierno de Estados Unidos. Colombia se enfrenta hoy a nuevas dinámicas de grupos violentos en un contexto diferente al de los años 80, 90 y la primera década de este siglo.
Sin duda, el intento de asesinato de Rodrigo Londoño ‘Timochenko’ es una prueba de fuego, pues serían sus antiguos compañeros de armas, quienes desde Venezuela, son los más interesados en ‘dinamitar’ el proceso de paz y sembrar más zozobra en torno al mal llamado posconflicto. La ironía es que los principales enemigos del partido Farc son hoy los disidentes de esta exguerrilla refugiados en el vecino país.
También existe evidencia por parte de las autoridades colombianas que señalan que la actuación vandálica de los ‘encapuchados’ en las protestas es algo sistemático y patrocinado seguramente por estructuras que pretenden generar un caos generalizado y que amenazan directamente la seguridad en las ciudades. Las marchas bien intencionadas a través de las cuales los ciudadanos tienen todo el derecho de reclamar respuestas y soluciones a los conflictos sociales son bienvenidas, pero en este punto es evidente que hay fuerzas ‘non sanctas’ que están usándolas descaradamente para golpear el orden público.
Hoy la necesidad de reforzar la seguridad nacional no corresponde a una visión guerrerista, sino realista, pues para comprender la situación de Colombia basta con remitirse al informe del Comité Internacional de la Cruz Roja, que desde el año anterior publicó y ratificó recientemente, que en el país coexisten cinco conflictos armados en los que intermedia el Derecho Internacional Humanitario.
La Defensoría del Pueblo también elevó los niveles de alerta durante toda esta semana a través de los medios de comunicación tras el preocupante incremento del reclutamiento de menores por parte de estas organizaciones, cuyo objetivo no es otro que fortalecer sus operaciones en las regiones en las que pretenden mantener el control territorial y lucrarse del negocio del narcotráfico
Para el caso del Tolima, la Policía confirmó en la Asamblea esta semana que efectivamente hay presencia de un Grupo Armado Residual (Gaor) denominado Dagoberto Ramos en el sur del Departamento, que viene reactivando el delito de las extorsiones afectando contratistas y comerciantes de la región y que estaría integrado por disidentes de las Farc.
Lo que es innegable es que estas organizaciones armadas están tomando posiciones en el territorio que antes estaban ocupadas por otras estructuras en las denominadas ‘zonas rojas’. Ahora más que nunca como sociedad no podemos sucumbir a la coacción de estos bandidos que se alimentan de los cultivos ilícitos, la minería ilegal, el reclutamiento de menores y la intimidación a las comunidades. Nuevamente debemos cerrar filas alrededor de las Fuerzas Armadas y la institucionalidad para derrotar a esta otra camada de criminales.
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