En manos de los lacayos

El borrador presentado por el Ministerio de Industria y Comercio que fija los aranceles mixtos a las prendas de vestir importadas, luego de que la Corte Constitucional tumbara los artículos 274 y 275 del Plan Nacional de Desarrollo (PND), son ridículos y no protegen a los textileros y confeccionistas del país.
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Es tan evidente el grado de conveniencia del articulado que parece fueron dictados por gremios como Analdex, Andi y Fenalco.

Con la excusa de defender esta actividad comercial, que por cierto cobija más de un millón 600 mil empleos en Colombia, el Ministerio termina protegiendo el negocio de las grandes cadenas importadoras y les garantiza sus ganancias, estimadas en más de 700 millones de dólares al año, en claro detrimento de las pequeñas y medianas empresas que sobreviven de la maquila confeccionista, muchos de estos talleres de madres cabeza de hogar y negocios familiares.

El arancel propuesto de un 40% a textiles que ingresan al país de menos de 10 dólares por kilo y otro arancel de 15% más un dólar para los textiles con precio superior a los 10 dólares por kilo no son siquiera pañitos de agua tibia y menos aún alcanzan a combatir eficientemente el contrabando.

Es hora que estos, que se dicen gremios económicos se quiten sus máscaras, pidan visa y residencia asiática, aunque también podrían legalizar sus nóminas con las transnacionales que protegen a capa y espada, a costa de los empresarios nacionales.

El doble discurso de estas agremiaciones que poco hacen por la producción nacional, que se ufanan en discursos de competitividad y empleo, terminan al servicio de los importadores y nunca dicen en términos pragmáticos cómo fortalecer la industria y sus manufacturas, en un país en el que los costos de operación para estas empresas son altos con respecto a la carga tributaria, es difícil el acceso al sistema financiero para financiar sus actividades y resulta onerosa la cancelación de las obligaciones prestacionales.

En el corazón de toda esta amalgama de intereses e insensibilidades se encuentra la coyuntura del empleo en Colombia, pues propuestas como éstas, frenan la generación de nuevos puestos de trabajo y ponen en peligro los existentes. Esta clase de decretos disfuncionales, sin duda, generan una enorme preocupación, mucho más en medio de un escenario en el que el Banco de la República anunció que es muy probable que el desempleo no cederá este año y se mantendrá por encima del 10%.

No se entiende, entonces, que la desocupación en Colombia sea considerada el principal ‘dolor de cabeza’ de la economía y que por otro lado se expidan medidas que afectan directamente las posibilidades de proteger la ocupación existente. Vale recordar que el ítem de industrias manufactureras no creció entre 2018 y 2019.

Ahora bien, la proyección de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) tampoco es alentadora, pues prevé mayor espacio para las protestas sociales, el mantenimiento de la precariedad de los puestos de trabajo existentes y un subempleo cada más consolidado sobre todo en economías emergentes o en vía de desarrollo como la nuestra.

Es hora de establecer unos aranceles que verdaderamente protejan a los empresarios de las confecciones y las manufacturas del país, pues un asunto tan sensible para la economía en términos laborales no puede quedar en manos de los lacayos de estas multinacionales que en algunos casos se disfrazan de dirigentes gremiales.

MIGUEL ÁNGEL BARRETO

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