La seguridad es un valor de la democracia, un activo de la sociedad que se transversaliza para cuidarla, para dinamizar la economía, dar tranquilidad a la ciudadanía, permitir el ejercicio de las libertades y el uso de los derechos constitucionales de manera plena.
Nuestra institucionalidad representada en las fuerzas estatales de tierra, mar y aire, Policía, Ejército y Fuerza Aérea, han sido fundamentales para garantizar en el país y en el departamento la seguridad; en nuestro gobierno la articulación con estas instituciones ha sido fundamental en el propósito de llevar soluciones a los tolimenses, con ellas hemos estado en los lugares más apartados, hemos generado estrategias conjuntas para devolver presencia, paz, tranquilidad y desarrollo a regiones apartadas y abandonadas.
No solo la violencia ha afectado a muchas regiones en el Tolima y Colombia, el abandono del Estado durante décadas, ha sido tal vez el aliciente para que se incuben o crezcan grupos u organizaciones al margen de la ley, ese abandono debemos reconocerlo e identificarlo, para poder avanzar al restablecimiento de los derechos de los ciudadanos y garantizarles un mejor futuro, tal y como lo hicimos con el sur del Tolima.
Me preocupa como gobernante y ciudadano la migración del conflicto rural a las grandes urbes, allí hemos iniciado a recorrer un gran camino de adaptabilidad y acciones, con el ambicioso plan de las cámaras de seguridad para Ibagué, que tuvo una inversión superior a los 12.500 millones de pesos, lo mismo que en Planadas y el que está viabilizado contratar para el municipio de Espinal, proyectos que deberán continuar los próximos gobernantes, no solo como una herramienta policial y judicial sino como aquella que permita el análisis de información, para evitar y controlar los delitos y nuevos fenómenos sociales que afecten la tranquilidad y el ejercicio de las libertades.
La seguridad, como lo dije, es más que un simple concepto, es un bien ineludible, que debe ser tangible, rigurosamente alimentado, promovido y revisado por los gobernantes y la ciudadanía, máxime por que ese patrimonio debe obedecer a la construcción social de bienestar, en un proceso de apropiación y acción de todos los protagonistas de nuestra sociedad.
Gobernador del Tolima
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