Las cosas como deberían ser

Alberto Bejarano Ávila

Señalé en artículo anterior (“Al oído de los 5.388 candidatos”) que hoy el gobernante es un mero ejecutor del presupuesto público y no líder histórico que aviva la inteligencia colectiva y gestiona en la región, la nación y el mundo, recursos intelectuales, tecnológicos, científicos y financieros para generar procesos de cambio real, manifiesto y sustentable. Como el tema gustó y disgustó debo ahondar el enfoque para sustentar mi parecer respecto a cuáles son las funciones que tendrían que cumplir quienes gobiernan y quienes hacen política.

Pensemos que en materia de finanzas públicas las normas y costumbres cambian y se hace obligatoria una amplia y continua pedagogía para que el ciudadano tenga conciencia de que el erario se nutre esencialmente de impuestos y servicios que él paga y de trasferencias que se originan en la explotación de recursos naturales que desde luego pertenecen a todos los colombianos.

Visto así, sería un valor cultural saber que las cuantías y la destinación de los recursos públicos son asuntos de giro común y no ofrendas generosas o actos de mecenazgo de quienes son elegidos y bien pagados para administrar nuestros recursos.

Imaginemos que el presupuesto del municipio (departamento) tiene que ser rigurosamente detallado y que una vez aprobado por el Concejo (Asamblea) debe publicarse y entregarse expresamente a cada comunidad organizada para que sea de conocimiento general, que los planes de endeudamiento deben tener obligado concepto de las facultades de economía y finanzas de las universidades locales y que la función de contratar u ordenar, previo examen del comité técnico del área, le compete únicamente al secretario de cada rama de la función pública. Así los expertos y no la malicia o el indebido interés orientarán la inversión pública.

Supongamos que la comunidad cercana a cada proyecto de inversión nombra veedores para hacer cabal seguimiento a su ejecución, que auditores y contralores son ajenos a cualquier interés político y que, por ser indelicadeza o falta de honradez, es punible todo acto abierto o sutil que busque favorecer la imagen personal del ordenador o contratante de la inversión pública y por ello la entrega o inauguración de una obra debe ser sobria, seria y ecuánime.

De tan singular enfoque surgirá la pregunta: ¿Qué harían entonces los gobernantes (alcaldes y gobernador) del Tolima? Sencillo, lo que deberían hacer: informarse y aprobar los avances de cada unidad administrativa; liderar procesos de reencuentro y unidad de los tolimenses; construir sociedad civil; coordinar programas de cooperación internacional; representar los intereses públicos y privados del Tolima ante la Nación y el mundo; potenciar la prospectiva gremial; direccionar procesos de reconstrucción cultural; coordinar planes de trasferencia de tecnologías; realizar una junta semestral de alcaldes para hacer seguimiento al desarrollo regional. Si un gobernante cumpliera estas funciones (son muchas más), merecería estatus de líder histórico y no sería, como hoy, una figura efímera y condenada al pronto olvido.

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