Si de algo se cuidaron los constituyentes del 91 fue de apretar los tornillos a los parlamentarios que pasaban por el peor momento de su historia, imponiéndoles una disciplina, si se quiere nueva, en la búsqueda de su perdido prestigio ante la opinión pública. Y construyeron todo un andamiaje constitucional para que los parlamentarios lo observaran, así se considerara drástico. De ahí que se establecieron inhabilidades e incompatibilidades bastantes cerreras: se les despojó de la célebre inmunidad que no permitía la detención de los parlamentarios hasta tanto no se les levantara, en el evento en que cometieran delitos o infracciones. Pero eso se cambió por otra institución que a cualquier perico de los palotes o al ciudadano del común no se lo concedían, y era el juzgamiento por parte de la Corte Suprema de Justicia, para que tuvieran la garantía de ser juzgados por el cuerpo élite de la justicia.

Así, se consideraba más un privilegio que una desventaja, aunque no se contemplara una segunda instancia. Ahora se trata de desvirtuar esa decisión haciendo hincapié en que no se les reconoce a los parlamentarios una segunda instancia, cuando precisamente se cambió lo uno por lo otro: la segunda instancia por el tribunal más alto de la justicia. Y, además, se quería poner a los parlamentarios como ejemplo de aceptación de unas reglas de juego. También se establecieron muy serias incompatibilidades, como la dedicación exclusiva; en materia de contratos se contaban ocho inhabilidades. La pérdida de la investidura, que, por cierto, ha sido muy eficiente, pues el Consejo de Estado ha privado a mucho parlamentario de su curul y es de las normas que han cumplido su cometido.

En cuanto a las dietas parlamentarias, se les sometió a un régimen que contemplaba el promedio ponderado para el aumento y no a dedo, como lo hacían antes. Es decir, toda una estructura para que el Congreso volviera por sus fueros y readquiriera la respetabilidad y la dignidad que debía tener. Ahora, desgraciadamente, todo se quiere echar al suelo y aprovechando el proyecto de ley de la justicia, están tratando de prescindir de la mayoría de estas instituciones que han sido buenas para el buen nombre del Congreso. Por lo tanto, para ellos nada del régimen disciplinario ordinario, nada de la vigilancia de la Procuraduría y su mano dura actual, nada de detención, nada de la pérdida de la investidura y sólo se les podría suspender máximo hasta un periodo de seis meses.

La estructura pues, elaborada por la Constitución de 1991, se vendrá al suelo y se entrará a desvirtuar una vez más aquello que los constituyentes vieron bueno para la salud democrática del país.

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