Cualquiera que sea el nombre, la realidad es aterradora. Desde que empezó la crisis en el 2008 se han ejecutado en España unos 350 mil desahucios, según un informe el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y están en trámite otros 178 mil, en un proceso creciente en el que se estima que ahora se están dando más de 500 desahucios diarios.

El malo del paseo en este caso no es el desaforado gasto público ni el déficit fiscal, pues hasta el 2008 España registraba superávit en sus cuentas fiscales.
 
El origen de la crisis española fue la burbuja inmobiliaria impulsada por constructores ambiciosos y bancos ansiosos por prestar, que generó un sobreendeudamiento de las familias que cayeron en la tentación de comprar vivienda con créditos baratos y precios elevados.

El estallido de la burbuja y la consecuente crisis financiera generaron una tenaza asfixiante para miles de familias. De una parte los precios de la vivienda se desplomaron –hasta un 50 por ciento del precio de compra- de manera que el valor de las deudas llegó a ser mucho más alto que el de las casas hipotecadas.

De otra parte, la pérdida del empleo de millones de españoles –la tasa de desempleo en ese país es casi el 25 por ciento- recortó los ingresos de las familias que se quedaron sin recursos para pagar las deudas. Muy parecida a la crisis de 1999 en Colombia.
    
Desde hace varios meses se venían dando protestas sociales contra los desahucios, como la toma de la catedral de la Almudena en Madrid el 29 de junio, apoyada por muchos sacerdotes y rechazada por la jerarquía que hizo desalojar la iglesia por la Policía.

No protestaban solo los desahuciados; los jueces, incluyendo al presidente del CGPJ, están pidiendo el cambio de la obsoleta legislación hipotecaria que solo protege a los bancos y vulnera el derecho constitucional a la vivienda digna. También el sindicato de policías decidió respaldar a los agentes que se nieguen a ejecutar los desahucios.

Hasta la semana pasada el gobierno conservador de Rajoy y la banca hicieron oídos sordos a las protestas que coreaban en las calles “que el próximo desahucio sea en Palacio”, haciendo alusión a la necesidad de un cambio de gobierno para salir de la crisis.

Todo cambió con la protesta extrema de una exconcejal socialista en el país vasco que se suicidó cuando llegaron a sacarla de su apartamento. Este suicidio fue la chispa que encendió una presión social de tal magnitud que el gobierno tuvo que ceder y expedir un decreto que ordena una moratoria de dos años a los desahucios en casos extremos como por ejemplo de familias con más de tres hijos.

La medida es insuficiente, pero típica del enfoque neoliberal que no ahorra esfuerzos ni dinero para rescatar a los bancos, pero es cicatero a la hora de defender los derechos fundamentales de los más necesitados. Si los millones de euros del rescate bancario se destinaran no a fortalecer el patrimonio de los bancos sino a aliviar las deudas hipotecarias, se salvarían los deudores… y también los bancos.