Pastrana intentó la privatización en 2000, pero una afortunada sentencia de la Corte Constitucional se lo impidió. En el 2002 el gobierno de Uribe consultó al Consejo de Estado sobre la posibilidad de reanudar el proceso de venta, pero aunque tuvo respuesta positiva solo lo hizo realidad en 2007 cuando vendió, muy por debajo de su valor, el 19.22 por ciento de las acciones de la empresa. En 2010 Uribe intentó vender el resto, -en contra de la opinión del entonces candidato Santos, quien se oponía a esa venta-, pero afortunadamente no le alcanzó el tiempo. 

Ahora se han invertido los papeles. El gobierno de Santos, por boca de su Ministro de Hacienda, anuncia la venta del 57.66 por ciento de las acciones de Isagén que aún posee, y el vociferador expresidente se opone amenazando inclusive con una Acción Popular para impedir la enajenación.

Desde el punto de vista estrictamente financiero hay que decir que hubiera sido un gran error vender a Isagén en el pasado, y también sería un gran error hacerlo ahora.

Miremos las cifras. Hoy el gobierno planea vender cada acción de Isagén a dos mil 850 pesos, de manera que la empresa valdría unos cuatro mil 100 millones de dólares. Si Pastrana la hubiera podido vender en 2000, en medio de la gran recesión económica, lo habría hecho a un equivalente 500 millones de dólares, es decir que el Estado habría perdido una valorización que multiplicó por ocho  el  valor  de  la  empresa. Y  hay  que  enfatizar que  esa  enorme  valorización  no se  hizo  como  empresa  privada,  sino  con una  muy  eficiente  administración pública.

La privatización del 19.22 por ciento de Isagén en el gobierno de la reelección comprada, causó un cuantioso detrimento patrimonial al Estado colombiano. En julio de 2007 el Gobierno valoró y vendió esas acciones a mil 130 pesos c/u, y recibió 592 mil millones de pesos. Tan solo dos meses después de la venta, las acciones ya se cotizaban en la Bolsa a más de dos mil pesos, de manera que el gobierno regaló a los afortunados compradores privados la bobadita de 500 mil millones de pesos de recursos públicos.