El argumento es atractivo, pero es un sofisma, y como toda falacia, es mitad verdad y mitad mentira. Nadie cuestiona que el país debe hacer enormes inversiones en infraestructura para disminuir el gran atraso en esa materia; esa es la parte verdadera. El engaño está en dejar de lado otras alternativas para financiar esas obras, o en pretender que son más costosas. 

¿De dónde puede el Gobierno conseguir $4.5 billones para tapar el faltante que le ha llevado a recortar su presupuesto de inversión? La opción obvia es el crédito interno aprovechando la abundante oferta de recursos que hay en el mercado, como se acaba de ver en el exceso de demandantes que hubo para la emisión de bonos de Ecopetrol. También hay abundancia de recursos de crédito externo, como por ejemplo los de las entidades multilaterales que están ansiosas buscando proyectos para financiar.

Es cierto que los intereses de cualquiera de esos créditos son mayores que los dividendos que paga Isagén, pero esta es una comparación parcial que no toma en cuenta las altas posibilidades de valorización de la empresa por los nuevos proyectos que está construyendo como Hidrosogamoso.

Otra opción son las disponibilidades de caja. De hecho, cualquier empresario sensato mira qué recursos líquidos tiene para invertir, antes de pensar en vender activos o endeudarse. La Contraloría acaba de señalar la lentitud del gobierno para ejecutar su programa de inversiones, pues a junio solo había pagado el 28 por ciento de lo presupuestado para el año. Por eso ha acumulado en el Banco de la República depósitos por $19,5 billones, es decir, más de cuatro veces lo que espera obtener por la venta de Isagén. La realidad es que en los últimos años, desde el gobierno de la reelección comprada, la muy baja inversión en infraestructura no ha sido un problema de falta de recursos sino de mala capacidad de ejecución. Este gobierno ya ha dado pasos para corregir ese problema, pero todavía existen muchos atrasos en obras que cuentan con presupuesto y recursos.

Con esos antecedentes no es aventurado suponer que si el gobierno comete el error de vender Isagén, los recursos obtenidos van a ir a reposar en las arcas del Banco de la República, ganando intereses apenas superiores a los dividendos que hoy recibe el gobierno por sus acciones en esa empresa, y sin la posibilidad de aumento en el valor de sus acciones. ¡Un mal negocio!