El ejercicio de este derecho beneficia a los pacientes, pero también genera cuantiosos ingresos para terceros, pues los 40 billones de pesos (siete por ciento del PIB) que se gastan al año en salud en Colombia terminan en los bolsillos de alguien. Los derechos de unos significan ingresos para otros. 

En el caso del ejercicio de otros derechos, como el derecho al trabajo, a la libertad de expresión, a la igualdad de genero, a la pensión de vejez o a la reparación de las víctimas y la restitución de tierras, para no citar sino unos cuantos, el beneficio es para quien accede al derecho y no para terceros.

¿Quiénes son los terceros que sí se benefician cuando más gente accede a mejores servicios de salud? En el sistema de salud de la Ley 100 la lista es larga: los hospitales y clínicas (IPS), las aseguradoras (EPS), los médicos y enfermeras, los laboratorios y centros de diagnóstico y, por supuesto, las farmacéuticas que venden medicamentos.  

Es evidente que todas estas personas y empresas tienen el derecho a recibir una remuneración justa por los servicios que prestan, pero también es claro que 40 billones de pesos es mucha plata que se presta para que se cometan abusos y hasta delitos para tratar de apropiarse de una tajada de ese enorme pastel. La tragedia de las salud de los colombianos radica en la corrupción, es decir en la apropiación privada de una parte importante de esos recursos que en lugar de mejorar el servicio se ha desviado. Las EPS son las más criticadas, pero en verdad ninguno de los grupos de actores del sistema de salud está libre de pecado . 

Además, agentes externos al sistema de salud también se han apropiado de cuantiosos recursos. Los paramilitares convirtieron a las administradoras del régimen subsidiado (ARS) en una de sus fuentes de financiación y muchos políticos clientelistas se han adueñado de los hospitales públicos (ESE) para repartir puestos. 

La reforma en trámite propone algunas medidas para fortalecer la Superintendencia de Salud, pero no son suficientes. Es necesario convertirla en un organismo independiente como la Superintendencia Financiera, que quede blindada de la toma por parte de los políticos y dotarla de los recursos necesarios para vigilar las más de 12 mil entidades del sector.