El rito anual de las negociaciones del salario mínimo empezó como sucede siempre, con propuestas muy distantes. Las centrales obreras piden un aumento del ocho por ciento es decir unos 47 mil pesos mensuales, y los gremios ofrecen 3.3 por ciento, que equivalen a unos 19 mil 500 pesos. Los argumentos también son los mismos de otros años y hay que decir que tienen más razón los trabajadores que los empleadores.

Las razones aducidas para hacer unos mínimos incrementos en el mínimo son conocidas: primero, que un aumento en los salarios, que es visto como el precio de la mercancía trabajo, lleva a que disminuya la demanda de trabajo y aumente el desempleo. Segundo, porque un aumento de salarios implica mayores costos para las empresas que los trasladan a los precios de sus productos, acelerando la inflación. Tercero, la competitividad, porque se dice que los bajos salarios son necesarios para enfrentar la creciente competencia de países con salarios todavía más bajos en un mundo globalizado.

En las circunstancias actuales los dos primeros argumentos no tienen mucha validez, pues el país registra mínimos históricos de inflación por excesos de oferta y el desempleo se mantiene en niveles de un dígito con el mejor registro en lo que va corrido de este siglo.

Además la economía está creciendo muy lento y por debajo de su potencial por la debilidad de la demanda, y es sabido que los salarios, si bien son un factor de costo para las empresas, también son el determinante de la capacidad adquisitiva de la gran mayoría de la población y por ende de la demanda interna.

Queda el tema de la competitividad, que se enfatiza mucho en medio esta feria de TLCs en que nos ha embarcado el modelo de apertura hacia adentro, pues se argumenta que a pesar de la reciente devaluación el salario mínimo ha pasado de 125 a 310 dólares lo que dificulta a los productores nacionales competir con el exterior.

Un documento reciente sobre la crisis cafetera, elaborado por connotados economistas, acaba con el mito de que el salario mínimo haya debilitado la competitividad del país. Por el contrario, afirman que “nuestro salario de la mano de obra no calificada en los últimos lustros ha mejorado su competitividad: con menos salario se produce más riqueza.”