Más que simples discusiones personales, los continuos enfrentamientos entre el Ministro de Salud y el Procurador son la manifestación de dos concepciones radicalmente distintas sobre la intervención del Estado en la organización de la sociedad y en la vida de los ciudadanos. El Estado liberal y tolerante contra el Estado conservador y confesional.
Los casos son conocidos. La regulación de la eutanasia y el derecho a morir dignamente, la legalización del aborto y el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo, el uso de la pastilla del día después, el matrimonio y la adopción por parejas del mismo sexo o la autorización del uso de la marihuana con fines medicinales.
Son temas espinosos que tocan los principios y convicciones de las personas y, en varios casos, sus creencias religiosas. Ese es precisamente el quid del asunto, porque es indiscutible que no se puede obligar a ninguna mujer a que aborte, ni a un enfermo a que pida el suicidio asistido, ni a un abstemio a que se emborrache o fume marihuana. Pero ¿debe el Estado impedir o prohibir que lo hagan quienes tienen otras creencias y desean hacerlo?
El talante conservador gusta de un Estado confesional donde se impongan a todos los ciudadanos las creencias y principios religiosos predominantes, sean estos cristianos o islamistas. El talante liberal, por el contrario, cree en un Estado pluralista y tolerante que no interviene en las creencias ni en las decisiones de la vida privada, y donde ni siquiera las mayorías tienen el derecho de imponer sus principios religiosos a toda la sociedad. Esa es la postura que, de la mano de las sentencias de la Corte Constitucional, ha adoptado y defiende Alejandro Gaviria como Ministro de Salud en los temas de la polémica.
Pero la posición del Ministro no es la del neoliberal que trata de minimizar la intervención del Estado a toda costa, sino la del liberal socialdemócrata que es intervencionista cuando se trata de defender los derechos de la población.
El moderno Estado social de derecho conjuga la tolerancia y el respeto a las creencias particulares y la no intervención en las decisiones que solo atañen al individuo, con la intervención activa para limitar las desigualdades y garantizar los derechos sociales y económicos de todos, en especial de los más vulnerables.
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