¿Cuándo una protesta social es legítima y cuándo trasciende los límites y se convierte en asonada? Esa es la pregunta que se debe responder para definir la posición frente al prolongado paro de los camioneros, cuyos efectos ya se sienten en todo el país. Para responderla es necesario recordar que en la protesta se entremezclan actores y problemas muy diferentes.
En primer lugar, hay un claro problema social de los pequeños transportadores que dependen del camión para su subsistencia, y que deben enfrentar costos crecientes de peajes, combustibles y repuestos, y al mismo tiempo ingresos que bajan por la competencia que rebaja las tarifas y fletes.
De otra parte, entre los líderes de la protesta hay millonarios propietarios de flotas de tractomulas que son personajes acusados de conformar con testaferros el “cartel de la chatarrización” mediante falsificación de documentos, fraudes y la corrupción de las Secretarías de Tránsito de varios municipios, para apropiarse de miles de millones de pesos de recursos públicos. Si las acusaciones son ciertas, el gobierno debe exigir el cambio de los representantes de los transportadores en la mesa de negociación.
La causa del problema del sector es el exceso de oferta: hay más camiones que carga que requiera ser transportada, lo que como sucede en cualquier mercado lleva a que los precios –es decir los fletes- bajen. Los pequeños propietarios sufren las consecuencias, mientras que los acusados del cartel han contribuido a crearlo pues con los fraudes en la chatarrización no han dejado que disminuya el número de camiones en operación.
Frente a este problema del mercado una de las exigencias del paro es que el gobierno intervenga para fijar una tabla de fletes, es decir para subir los precios que reciben el grupo de los propietarios de los camiones y que deben pagar todos los colombianos. Es un caso típico de conflicto entre los intereses privados contra el interés público y el bien común.
En contra de la postura neoliberal que plantea la no intervención del Estado y que el mercado resuelva el problema, creo que en estos conflictos sí debe intervenir, pero siempre para defender el interés público, y no como lo pretenden los promotores del paro para beneficiar a unos pocos en contra de la totalidad de la población.
La presión y el lobby de los transportadores privados ha sido una de las razones por las que Colombia no haya corregido el error secular de haber abandonado los ferrocarriles, que son el medio más eficaz de transporte de carga. El Estado debe buscar medidas paliativas y ayudarlos en la conversión, pero no puede sacrificar el bien común por defender el negocio de unos particulares.
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