Si la corrupción es el cáncer que corroe a la sociedad colombiana, el sistema electoral es uno de los canales a través de los cuales se alimenta y reproduce. Por eso la reforma electoral no solo es necesaria para profundizar la democracia, sino que es indispensable como uno de los instrumentos para disminuir la corrupción en la política.
La forma como funciona el sistema electoral en Colombia ha propiciado el incremento de la apropiación privada de los recursos públicos –que es una de las principales manifestaciones de la corrupción- por dos vías: una, la atomización de los partidos políticos con la conformación de microempresas electoreras y, la otra, el exagerado aumento de los costos de las campañas electorales financiados por contratistas privados que después exigen el retorno de su inversión en los candidatos.
La propuesta de la Misión Electoral Especial, pactada en el Acuerdo con las Farc, pero conformada por académicos y politólogos independientes, contiene varios elementos útiles y necesarios para reducir y controlar la nefasta influencia de los capitales privados en la elección de mandatarios y representantes a corporaciones públicas y, por lo tanto, en las decisiones y adjudicaciones de contratos que estos realicen cuando llegan al poder.
El primero, el reemplazo del voto preferente por la lista cerrada en las elecciones a Congreso, Asambleas y Concejos. Sin voto preferente se reduce la compra de votos porque se rompe el vínculo entre el voto y el beneficio personal. A esta propuesta habría que añadir la del referendo contra la corrupción de la senadora Claudia López, de limitar a tres períodos las posibilidad de ser elegido a una corporación pública. La segunda, el aumento de la financiación estatal de las campañas y límites más estrictos a los aportes privados. Para que no sea un saludo a la bandera se propone también el fortalecimiento de los mecanismos de control con la despolitización del Consejo Electoral y la creación de una nueva Corte Electoral que permita más celeridad e independencia en la investigación y sanción de las violaciones al régimen electoral.
La tercera, complemento necesario de las anteriores, es la exigencia de mayor democracia interna en los partidos y organizaciones políticas y la mayor responsabilidad que deben asumir en todo el proceso electoral, desde el otorgamiento de avales hasta el manejo de dineros y no violación de los topes de gastos.
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