El aumento del salario mínimo dos puntos por encima de la inflación es una política equitativa, necesaria y conveniente –de hecho debería ser mayor el incremento- pero tiene efectos colaterales negativos. No sobre la demanda de empleo que es poco sensible a esta diferencia, sino porque en Colombia se ha cometido el error de atar muchos precios y costos al salario mínimo.
El art. 49 del actual Plan de Desarrollo (Ley 1955 de 2019) corrigió parcialmente esta equivocación al establecer que: “A partir del 1 de enero de 2020, todos los cobros, sanciones, multas, tasas, tarifas y estampillas, actualmente denominados y establecidos con base en el salario mínimo mensual legal vigente (Smmlv), deberán ser calculados con base en su equivalencia en términos de la Unidad de Valor Tributario –UVT. En adelante, las actualizaciones de estos valores también se harán con base en el valor de la UVT vigente.”
Como la variación de la UVT es similar al IPC se elimina así una indexación que ha perjudicado a los consumidores, pues entre 1997 y el año pasado la variación del IPC fue 232% y la de los cobros y precios atados al salario mínimo 381%, es decir 1.6 veces más. En adelante se corregirá esa situación y, por ejemplo, las multas de tránsito ya solo se incrementarán con la tasa de inflación.
Sin embargo, el remedio se quedó corto pues quedan otros precios y costos que sí siguen atados a esta variable. Uno de ellos es el valor de las viviendas para los estratos bajos que reciben subsidio del Estado: la de Interés Prioritario (VIP con valor hasta 70 Smmlv) y la de Interés Social (VIS con valor hasta 135 Smmlv).
Así se ha permitido, o propiciado, que los precios de la VIS y la VIP aumenten mucho más que la inflación. Según el Dane, en el mismo periodo 1997-2019 los incrementos de precios de la vivienda de estratos bajos fueron superiores a la inflación en Medellín (327%), Barranquilla (301%), o Cali (261%), e inclusive superiores al del salario mínimo en Bogotá (394%), Bucaramanga (520%) o Pereira (658%).
Lo más grave es que esos aumentos de precios de la vivienda de los más pobres han ido acompañados de una reducción (Sí, ¡reducción!) del área construida. No se tienen cifras para los mismos años, pero entre 2007 y 2019 en Bogotá, el área promedio de las casas de estrato bajo-bajo se redujo de 101 m2 a 82 m2, y las de estrato bajo de 93 m2 a 71 m2. En Barranquilla pasaron de 102 m2 a 57 m2 y de 100 m2 a 65 m2, respectivamente. En otras ciudades se dieron reducciones similares.
¿Por qué los pobres siguen comprando vivienda más cara y de menor área? Porque los subsidios que da el Estado también están atados al salario mínimo y porque se ha abaratado el crédito para el saldo restante.
Gracias a estos estímulos a la demanda, los constructores y dueños de la tierra han obtenido unas utilidades extraordinarias pues desde 1997 el Índice de costos de construcción de vivienda (Icvv) del Dane ha subido un poco menos que el IPC: 226%. En otras palabras, gracias a los subsidios públicos atados al salario mínimo los constructores han podido aumentar sus márgenes de ganancia, o han podido pagar más caro por la tierra, trasladando esos márgenes a los dueños de lotes.
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