País minado

Todo lo relacionado con una guerra es atroz. Las minas antipersona conocidas como “quiebrapatas”, son una de las estrategias guerrilleras más horribles pero más efectivas para sus intereses militares, pues dificultan los ataques de las Fuerzas Armadas en tanto que no solo inmovilizan a un combatiente, sino también a los que tienen que acudir en su auxilio; además, las minas sembradas dificultan las labores de reconocimiento y como si el daño fuera poco, ponen en alto riesgo a la población civil.

Los medios nos han informado que Colombia es, después de Afganistán, el país que tiene el mayor número de minas sembradas. El Gobierno y sus FF.AA. vienen adelantando desde hace un tiempo un programa exitoso de desminado a lo largo y ancho del país; sin embargo, se calcula que consiguiendo el cese del conflicto y manteniendo el actual presupuesto, tomaríamos más de 70 años para el logro del objetivo.

Todo indica que la negociación adelantada en La Habana viene en dirección a un acuerdo. A los actos unilaterales de la guerrilla se suma el anuncio de un acuerdo para el desminado, el cual es, sin duda, un avance que para su implementación exitosa y disminuir el plazo para limpiar el suelo colombiano, requiere del compromiso de los alzados en armas en términos de información y de la propia acción de su tropa.

Es de esperar, por parte de quienes solo ven la vía de la eliminación física del enemigo mediante la guerra (sin haberlo logrado no obstante habiendo tenido todo el respaldo), la descalificación del acuerdo. Pero por otra parte, la opinión pública, mediante la mejor información y la contundencia de los hechos de paz, viene creciendo a favor de los mencionados acuerdos.

Las marchas “Por la vida” que se llevaron a cabo en varias ciudades, dejaron ver que ya existe una masa crítica civil conformada por decenas de miles de colombianos que militan en la paz. Lograr movilizaciones de rechazo es mucho más fácil que las propositivas, pero no logran el compromiso que sí hacen estas últimas.

El éxito de las marchas convocadas por Mockus y el anuncio del acuerdo para el desminado, más los claros avances de la negociación, nos permiten ver cerca el final del conflicto con las Farc.

No obstante, las sombras de una administración de justicia cuestionada y minada por la corrupción exigen que la opinión pública esté alerta a la desinformación y manipulación por parte de los amigos de la guerra, incansables en minar los caminos de la paz.

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