La nueva Ley del Talión

El verdadero problema está en las instituciones. Hay un desgaste en su credibilidad que pasa factura por parte de la comunidad y de ahí el resultado, un desbarajuste ante el cual la comunidad reacciona por su propia cuenta, esto, puede ser consecuencia de los problemas sociales, políticos y económicos del entorno. Douglass North, en su discurso, al recibir el Premio Nobel de Economía -9 de diciembre de 1993-, dijo, “las instituciones forman la estructura de incentivos de una sociedad y, por tanto, las instituciones políticas y económicas son las determinantes fundamentales del desempeño económico”, y, son estas, las instituciones, limitaciones, en muchos casos, a la inventiva humana y sus acciones consecuentes, ante lo cual se necesita la credibilidad.

Puede ser esa la causa, que no compartimos, para golpear o lesionar un ladrón –el ser- y no entregarlo previamente a las autoridades correspondientes –el deber ser-, más no la justificación para el aumento en casos de inseguridad en la ciudad, este último, tiene otros matices, donde confluyen las (in)acciones institucionales, pero sobre todo las condiciones económicas y sociales del territorio, que deben ser atacadas de manera eficiente y eficaz. No hacerlo, ocasiona el crecimiento en las cifras de inseguridad y la consecuente reacción ciudadana ante la posible ausencia institucional. Miremos este último aspecto.

Por un lado, la justicia, es la principal “razón” de esta “nueva” Ley del Talión, otro argumento puede ser de orden sociológico, sin embargo revisemos la primera, que está ligada con la percepción que tiene la ciudadanía de una precaria justicia o del encargado de aplicarla, los bajos índices de aprehensión del delincuente y su posterior condena, son razones fundamentales para decidir actuar por cuenta propia, es un ‘cortocircuito’ entre el ser y el deber ser de las cosas. Según la encuesta Pulso País de Datexco –junio de 2021-, publicada por W Radio, las altas cortes en Colombia tienen unos niveles de desaprobación bastante altos, donde la Corte Constitucional anda en el 61%, el Consejo de Estado en el 67% y la Corte Suprema de Justicia en el 68% de desaprobación, unos números muy elevados que minan su credibilidad.

Por otro lado, hay que mirar quién envía el mensaje, según “El análisis de resultados - Encuesta virtual. Primera fase 2021” de “Ibagué Cómo Vamos”, de octubre de 2021, la imagen desfavorable del alcalde de Ibagué andaba por el 63% y el 63,2% calificaba como mala, la gestión del mandatario local. Hay unas dinámicas sociales que responden a señales institucionales, donde claramente hay que entrar a trabajar y resolver para superar parte de los conflictos que nos aquejan como sociedad.