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El informe con sus recomendaciones, que consta de 896 páginas es muy valioso y, al igual que en el año 2016 ocurrió con el Acuerdo de Paz, debe ser leído, analizado y digerido por toda Colombia, incluso desde los más jóvenes, para entender la raíz del conflicto en nuestro país, pero sobretodo las consecuencias de la guerra, debe suponer ello, entonces, que pasar el capítulo del horror, es también dar un salto a la construcción de otro país, volteando la mirada, para resolverlos desde el territorio, a temas que tradicionalmente han desatado el conflicto, como el caso de la tierra, los cultivos ilícitos, el irrespeto al medio ambiente, la minería, solo por citar algunos, discusión más que vigente hoy día y ad portas de un nuevo gobierno donde la paz debe tener un lugar de privilegio.
Sin lugar a dudas el conflicto no termina, pero es necesario avanzar en la protección de los líderes y lideresas sociales en Colombia, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz –INDEPAZ-, en lo corrido del año, se han asesinado a 89 de ellos, reza el Informe Final de la Comisión de la Verdad, citando a INDEPAZ, que “desde la firma del Acuerdo de Paz, hasta marzo de 2022 han sido asesinadas 1.327 personas que ejercen el liderazgo social o la defensa de los derechos humanos”.
Y ni que decir del punto número 1 del Acuerdo de Paz, “Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral” en el cual nada se ha avanzado y señala el mismo informe que muchas de las víctimas en las regiones están relacionadas, justamente, con el incumplimiento de este punto del acuerdo, así como la falta de solución al problema de las drogas ilícitas.
Muy desafortunado que el presidente saliente no asistiera a la entrega del Informe final, con ello reafirmó su poca voluntad, durante su cuatrienio de cumplir con el Acuerdo de Paz y con las víctimas del conflicto armado con las Farc, sumado al escandalo que empezó a afrontar a finales de la semana pasada, cuando salió a la luz pública una investigación adelantada y revelada por Blu Radio, en la cual, al parecer, hay todo un entramado de corrupción en el que participarían unos funcionarios del Gobierno Nacional, la Contraloría General, congresistas y contratistas, para apropiarse de parte de los recursos aprobados por el OCAD-Paz y destinados a los municipios PDET, se habla de una cifra cercana a los quinientos millones de pesos en coimas, una barbaridad.
@camiloossa10
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