Ibagué necesita seguir siendo desarrollada y uno de los aspectos en los cuales debemos avanzar es en materia de servicios públicos domiciliarios, me refiero a la prestación de los mismos como actividad económica con participación directa del municipio que logre generar rentas a la ciudad.

Lo que no ha podido hacer el Congreso de la República, nuevamente lo hace la Corte Constitucional, un hecho de suma relevancia que, una vez más, desdibuja el papel del legislativo frente a las problemáticas ciudadanas actuales, solo que esta vez en defensa de la vida digna y la autonomía de cada ciudadano frente a su decisión y derecho a morir dignamente.

Al problema del desempleo que, de tiempo atrás, viene padeciendo la ciudad de Ibagué, ahora debemos sumar el problema de la tasa de informalidad, la cual, para el periodo marzo – mayo del presente año, se ubicó en el 54,5%, muy alto, incluso, el promedio nacional lo es, estamos hablando del 47,4%, de ahí calculen lo alarmante de la cifra que tiene Ibagué.

Según el ICBF, a junio de 2020, el 98% de los casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes están en la impunidad; esto nos muestra el verdadero problema.

De las reformas de fondo que requiere el Sistema General de Seguridad Social Integral en Colombia, pasa obligadamente por repensar el papel de las EPS, su intermediación con las IPS, la calidad del servicio, la justa remuneración y condiciones dignas del personal médico y asistencial, la cobertura, efectividad y cumplimiento del riesgo profesional o accidentes de trabajo a cargo de las ARL, que no cumplen a cabalidad esta importante función y, por supuesto, el régimen pensional que bajo el actual diseño nos nivela por lo bajo, con el salario mínimo. Por último, naturalmente la precaria actividad de vigilancia y control de la Superintendencia Nacional de Salud.

La apertura de los mercados a la libre competencia, no solo nacional sino internacional, ha generado la afectación de varios sectores económicos en Colombia, pero en el Tolima nos ha golpeado en sectores claves de la economía local, mencionemos dos, el agrícola y el textil, donde la afectación no es por la libre competencia, no señores, es justamente por la ausencia de una política de competencia eficiente y, creería yo, también equitativa. La salida, al estilo estadounidense, está en la creación de una ley de aranceles, que imponga “derechos compensatorios” a las importaciones que se generen con la ayuda de un subsidio del gobierno productor, esas ayudas públicas que alteran la balanza de la competencia, se deben compensar en beneficio del productor local.

Muchos de los problemas del país son el reflejo de una elevada corrupción que ha permeado, desde hace mucho tiempo al sector público y repercute en el sector privado, sin embargo, hay un problema que nos aqueja enormemente y es transversal a diferentes grupos poblacionales, hablamos de empleo, pues la realidad es la siguiente:

Nos acercamos a un nuevo proceso electoral, bajo la efervescencia de la crisis por la que atraviesa el país, crisis de todo orden y las propuestas, muchas de ellas populistas o antidemocráticas, para superar la coyuntura, están a la orden del día. Mucho cuidado hay que tener para salir en defensa de nuestro Estado Social de Derecho, pues no faltan los que siguen el juego de querer “cambiar la Constitución”, como si ese fuera el principio y fin de todas nuestras carencias. Debemos comenzar por acabar, lo que Neil Walker denomina “el fetichismo constitucional”, bajo la falsa creencia que solución a los problemas es elevarlos a la categoría de norma y, ¡no!, pues no hay peor conciencia del incumplimiento que tenerlo escrito en una norma jurídica.

Un mes de Paro Nacional y ya sabemos que la ausencia de representatividad en Colombia es asombrosa, no hay fórmulas reales de concertación ni de negociación, solo negación de una realidad que nos tiene, a los colombianos, en una profunda crisis económica, social, política e institucional, donde podemos llegar a la conclusión que ¡nadie representa a nadie!

Siempre he sido muy insistente en señalar que el mecanismo primigenio para alcanzar los fines esenciales del Estado, es a través de la formulación y la posterior ejecución de políticas públicas, por esa razón, el objetivo de los jóvenes que participan en el Paro Nacional y se han movilizado en busca de oportunidades, es lograr que las necesidades que viven en el territorio se eleven a una política pública nacional de generación de oportunidades y; cuando hablo de oportunidades, hago referencia a dos aspectos esenciales: educación y trabajo.