Y el alcalde de Ibagué, Andrés Hurtado, se ‘sometió’ a la suspensión provisional por andar, al parecer, participando en política a favor del señor Federico Gutiérrez y, este, el candidato de las libertades, en ningún momento salió a respaldarlo o, cuando menos, a solidarizarse políticamente con él, vaya aliado que tenía el alcalde y que decían, tendría la ciudad, que queda acéfala, esta vez por una orden de la Procuraduría, porque según lo dado a conocer en algunos medios de comunicación –y por información obtenida por el concejal de oposición Rubén Darío Correa-, pudo haber sumado, a la fecha, ocho meses de ausencia en el municipio por voluntad propia.

Lo ocurrido en los últimos días en Ibagué, frente a la, primero, indebida intervención de los árboles samanes y los andenes donde se encontraban y, segundo, el arboricidio cometido por la Administración municipal ‘avalado’ por la Corporación Autónoma Regional del Tolima –Cortolima-, nos pueden dejar varias conclusiones, la primera de ellas, es lo peligroso que puede resultar para la vida –en todas sus formas de manifestación-, la negligencia, imprudencia e impericia de quienes dirigen las instituciones públicas.

La decisión tomada por el director del Partido Liberal a nivel nacional no sorprende, ingenuo el que pensara lo contrario, sin embargo todo parece indicar que no pasará de ser nada diferente a una declaración política.

Desde el año pasado, la Veeduría para la Defensa del Patrimonio Cultural y Ambiental del municipio de Ibagué, realizó una solicitud ante el Ministerio de Cultura con miras a proteger un Bien de Interés Cultural de la Nación ubicado en la ciudad de Ibagué. La finalidad de la petición era, por un lado, lograr la realización de acciones “perentorias frente a la expedición del Plan Especial de Manejo y Protección, PEMP, de la Granja San Jorge localizada en el municipio de Ibagué y declarada Bien de Interés Cultural del Ámbito Nacional, BICN, mediante la Resolución 799 del 31 de julio de 1998”. Y por el otro lado, el ejercicio de una vigilancia irrestricta y concreta, que debería arrojar la suspensión de cualquier proyecto constructivo en la zona de influencia del Bien de Interés Cultural Granja San Jorge hasta tanto no se revise que dichos proyectos cumplen con todos los lineamientos estipulados en la Resolución 1359 de 2013.

La semana pasada conocí la historia de un pescador, dedicado a su oficio de toda la vida, actividad que aprendió por el legado de sus padres, sus abuelos y, así, transmitida de generación en generación, la pesca era la única posibilidad de ‘levantarse’ el sustento diario, para él y su familia.

La semana pasada fue noticia recurrente en la ciudad, la falta de suministro de agua potable en algunos barrios, especialmente, de la comuna 7 de Ibagué, una calamidad y una desatención por parte de la administración municipal someter a los ciudadanos a tener que recoger, incluso, aguas lluvias para solventar las necesidades básicas, todo por cuenta que el servicio de acueducto es insuficiente para atender a toda la población, claro, también ha señalado el IBAL que el invierno ha provocado turbiedad en el agua y eso impide la correcta captación y tratamiento en la planta de Chembe. Hay que visibilizar, las veces que sea necesario, este tipo de problemáticas.

Cada gran hecho de corrupción en Colombia es ‘atacado’ con la expedición de un Estatuto Anticorrupción, ocurrió en el 2011 con la Ley 1474 de ese año y ocurre ahora con la Ley 2195 de 2022, como lo leen, el 18 de enero de este año vio la luz un cuerpo normativo que busca adoptar “medidas de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción”, como si el principal problema fuera de ausencia de normas y no el de aplicación.

La solidaridad es uno de los mecanismos para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible –ODS- según el programa que lleva el mismo nombre, de la Organización de las Naciones Unidas –ONU-, pone en el centro del desarrollo a la persona y, por supuesto, al planeta, pero es el primero de ellos el que despierta el ánimo común de las personas para superar la pobreza y el hambre. En el Día Internacional de la Solidaridad Humana del año 2016, el Ex-Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon dijo: “[l]a solidaridad es fundamental para subsanar las deficiencias en el desarrollo sostenible. No dejar a nadie atrás y asegurar una prosperidad compartida son principios básicos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada por dirigentes de todo el mundo en septiembre de 2015, y del Acuerdo de París sobre el cambio climático, aprobado en diciembre de ese mismo año”.

La crisis de la salud en el país, en general, es preocupante, pero en Ibagué debería tener a las autoridades encargadas de velar por la protección y promoción de este derecho fundamental, alarmadas y trabajando para lograr superar las dificultades que existen y las que se avecinan con el aparente déficit financiero de la Unidad de Salud de Ibagué –USI-. Sin lugar a dudas lo señalado por el presidente departamental de Anthoc, Yesid Camacho, en entrevista a El Nuevo Día, es gravísimo y supondría, en el corto plazo, la desatención, en el componente primario, a la población más vulnerable de la ciudad, tanto urbana como rural.

Pongámosle el ojo a la conectividad regional y, aún cuando quisiera referirme principalmente a las alternativas de comunicación terrestre, fluvial y aérea, es también necesario que, en esa precaria conexión con otras ciudades y departamentos, por no ir más allá, se priorice la conectividad digital, la misma que suele ser deficiente, sobretodo en las zonas rurales del departamento –aún cuando es un problema generalizado en todo el país-, donde, según información suministrada por el director del DANE en el Congreso de Andicom en noviembre del año pasado, solo el 56,5% del país cuenta con conexión a internet y de ese porcentaje, el 66,5% corresponde a las cabeceras, mientras que tan solo el 23,8% de ese 56,5% a la zona rural. ¡Muy difícil así!