Qué sigue en el caso del expresidente Uribe

Carlos Eduardo Lagos

A través de un comunicado público, la Fiscalía General de la Nación dio a conocer que se solicitará la preclusión del expediente, que por un presunto fraude procesal y soborno en actuación penal, se le sigue al expresidente Álvaro Uribe Vélez; proceso que, por la calidad del investigado y los conflictos de competencia que se han planteado, así como la adecuación de un trámite de aforado que se seguía por la ley 600 al de un proceso adversarial seguido por la ley 906, ha sido controversial y ha estado en el ojo de la opinión pública durante los últimos meses.
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En el comunicado entregado a los medios, por la Fiscalía se afirma que: “Luego de la valoración integral de los elementos materiales probatorios, la evidencia física y la información legalmente obtenida durante el curso del proceso, el fiscal del caso estableció que varias de las conductas por las cuales se vinculó jurídicamente al excongresista no tienen la característica de delito, y otras que sí lo son, no se le pueden atribuir como autor o participe”.

A pesar de esta solicitud el proceso aún está lejos de definirse, por lo que, lo que se viene es complejo, si se tiene en cuenta que en los próximos días, el fiscal Jaimes tendrá que sustentar ante el juez 28 penal con función de Conocimiento de Bogotá; las razones de fondo que le permitieron llegar a esta conclusión.

Este juez será el encargado de estudiar la petición, acogiendo o no esa postura. Si la acoge quienes han sido reconocidos como víctimas el senador Iván Cepeda Castro, el exfiscal Eduardo Montealegre Lynnet y el ex vice fiscal Perdomo, pueden apelar la decisión y sería entonces, el Tribunal Superior de Bogotá quien defina si Uribe puede ir o no a juicio penal.

En caso de no acogerse la petición de la fiscalía, la defensa del ex presidente también puede apelar,  por lo que será en todo caso el alto tribunal quien decidirá lo que corresponda en segunda instancia.

Ante este escenario el país debe apostarle a la institucionalidad, confiar en sus jueces y reconocer al Estado Social de Derecho como un Estado donde se respeta sin condiciones el Derecho vigente: "el derecho objetivo vigente y los derechos subjetivos que existan. El Estado social de Derecho es condición, por tanto, de seguridad jurídica y mantenimiento del status quo.

Carlos Eduardo Lagos Campos

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