Construcción de vivienda vs disponibilidad de servicios

Carmen Inés Cruz Betancourt

Uno de los sectores preferidos para activar la economía y generar empleo es la construcción;  actualmente de modo especial la de vivienda de interés social y prioritario. Y parece que en Ibagué este sector ha tomado enorme impulso, así que casi cualquier finca y lote del entorno se ha convertido en escenario propicio para construir conjuntos residenciales y grandes bloques de edificios que convocan compradores con notables facilidades de pago. 
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Y queda la impresión de que buena parte de ese tipo de construcción se viene haciendo a espaldas de la planificación urbana y de la disponibilidad de suministro de agua apta para consumo humano y de otros servicios vitales. Así, con profunda inquietud conocemos las quejas de ilusionados compradores que han comprometido sus precarios ahorros presentes y futuros, y ahora se encuentran ante el drama reportado por los medios, de tener que bajar, inclusive desde el piso 16 donde está su diminuto apartamento, con baldes y vasijas a recoger agua suministrada por los bomberos, !Tamaño drama ! 

Tal es el caso del Conjunto de edificios denominado Alminar Samoa, que incluye 960 apartamentos construido en los altos del barrio Ambalá, fuera del perímetro hidráulico del IBAL porque queda mucho más alto que sus instalaciones, razón por la cual desde el principio se sabía que no podría ser atendido por el IBAL pero, aún así con las autorizaciones oficiales  avanzaron sobre el supuesto de que sería surtido por el acueducto comunitario El Triunfo que opera en ese vecindario. Y cabe mencionar que en el municipio existen cerca de 32 acueductos comunitarios que funcionan con una estructura precaria y, por supuesto, ninguno de ellos cuenta con condiciones  que les permita, de la noche a la mañana, surtir agua potable a 960 familias que lleguen a instalarse. Una situación que no podían desconocer la dependencia de planeación del municipio, los curadores, las autoridades ambientales, ni los constructores.  

Era predecible entonces, que los nuevos propietarios interpusieran tutelas ante el Estado para que se les suministre agua potable, lo que constituye un derecho fundamental, y también que fallaran en su favor, solo que ahora la perentoria exigencia  de la Corte recae sobre el Municipio para que salga a resolver un problema mayúsculo que fue ocasionado por quienes autorizaron semejante infracción a unos constructores que obtendrán enormes ganancias porque adquirieron -posiblemente a precios irrisorios- un terreno que no contaba con el agua que requerían aquellos desarrollos, a sabiendas que el municipio tendría que asumir los costos sobrevinientes. 

Con variantes la historia se repite en diversos sectores de la ciudad y parece que se intensifica en forma acelerada. Surge entonces la pregunta: ¿dónde han estado las autoridades responsables de la planificación de la ciudad y las curadurías que permiten semejantes atropellos? Y dónde la autoridad ambiental que conoce la capacidad y vulnerabilidad que enfrentan los afluentes que surten al IBAL y a los acueductos comunitarios?

Pero la insuficiencia de los acueductos no es el único problema que enfrenta la capital como consecuencia de la acelerada construcción de vivienda, también inquieta la insuficiencia de vías para responder al creciente flujo de vehículos y peatones, de andenes, señalización, iluminación, parques y otros escenarios que aporten a una vida digna. Y, tendremos que hablar sobre el alcantarillado, cuyas  redes no se expanden con la misma velocidad.

De continuar así, tan acelerada construcción solo puede traer hacinamiento y caos y, por supuesto, un crecimiento desbordado de la ciudad porque, cuanta mayor sea la oferta de vivienda del tipo mencionado, más gente llegará de diversos rincones del Tolima y del país, con la expectativa de que además de vivienda, la ciudad les ofrezca otros servicios y oportunidades, por supuesto empleo, y vale recordar que el que genera la construcción es temporal y después “queda el asfalto”, en una de las ciudades con mayores tasas de desempleo en el país.

Se requiere entonces, que las autoridades ambientales, las responsables de la planificación de la ciudad, los curadores, los encargados del suministro de servicios vitales y quienes los vigilan, cumplan su tarea con extremo rigor, porque el acumulado de estas deficiencias solo puede generar “estallidos sociales” como los que estamos sufriendo. Y, con certeza la ciudadanía atribuye esta problemática no solo a ignorancia, ineptitud y negligencia de los involucrados sino, especialmente a corrupción y tráfico de influencias.

CARMEN INÉS CRUZ

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