Castigos fuertes no necesariamente reducen la delincuencia

Muchas personas continúan lamentando la caída en la Corte Constitucional de la llamada “prisión perpetua revisable” para delitos contra los menores, apoyados en su convicción de que penas prolongadas y severas logran disuadir la reincidencia y ocurrencia de tales delitos.
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Con ellos, en especial quiero compartir los resultados de un estudio  que, gracias a un buen amigo y colega, llegó a mis manos. Dicho estudio aporta estadísticas generadas en los Estados Unidos, sobre la delincuencia, comparando Estados donde está prohibida la pena de muerte con aquellos donde “la aplican con el ánimo de que tenga un efecto medicinal y disuasorio para el resto de ciudadanos” Los resultados son reveladores. En 12 Estados está abolida la pena de muerte mientras que en 40 está permitida. Desde 1976  las ejecuciones suman 732. Datos para 1997 señalan que el promedio de asesinatos ocurridos en aquellos Estados que no la aplican es de 3.5 por cada 100 mil habitantes, mientras que en los que sí lo hacen es 6.6. Agregan que en los Estados de Texas, Florida y Virginia se producen más del 50% de las ejecuciones y Texas acumula el 33% de todas las ejecuciones. Contrario a lo esperado: “en los Estados donde no hay pena de muerte el índice de criminalidad no es más grande que en aquellos donde sí la aplican”.

Observan también, que la aplicación de esta pena está llena de prejuicios raciales y demostraron “que se había venido aplicando de manera selectiva a negros y latinos, a individuos con escolaridad primaria incompleta, a los pobres -con una renta menor de tres mil dólares anuales- a los marginados y a los débiles mentales. Y datos sobre las sentencias de muerte en Filadelfia demostraron que los acusados de origen afro-americano tenían cuatro veces más posibilidades de ser condenados a muerte que otras personas acusadas de los mismos crímenes. En otro aparte destacan que los jurados suelen estar conformados por personas en su mayoría blancas, muy posiblemente cargados de prejuicios que de entrada aseguraban un fallo condenatorio. Agregan que de las más de 700 ejecuciones, el 80% implicaban a víctimas blancas aunque negros y blancos son víctimas de asesinatos en números similares; (señalan además) que “si puedes costearte uno de los prestigiosos bufetes especializados tienes posibilidades de eludir la pena capital, pero si tu situación económica solo te permite un abogado de oficio, la maquinaria de la justicia estatal acabará triturándote…”.

Algunos podrán decir que eso sucede en otro país y la pena de muerte es distinta de la “prisión perpetua” que nos ocupa. Ello es cierto, pero lo observado en USA es un referente que no podemos ignorar porque en los riesgos que señalan hay similitudes muy evidentes. En uno y otro caso estamos hablando de penas severas posiblemente formuladas desde la creencia algo simplista, de que con ello resolvemos o mitigamos la violencia, en nuestro caso contra nuestros niños, pero hay hipótesis sustentadas en hechos recurrentes que muestran que los delincuentes no dejan de actuar por temor al castigo, que inclusive, eludirlo es un reto que asumen y les genera adrenalina. 

De lo anterior NO se deriva que a quienes se les compruebe la comisión de delitos, no deban recibir sanciones; estas son necesarias y deben ser proporcionales a la falta, oportunas y transparentes, pero es imperativo tener claro que para combatir la delincuencia nada sustituye una buena formación en principios y valores desde el hogar, reforzada en la escuela y un entorno sano que incluye la observación de líderes y dirigentes que enseñen con el ejemplo y, por supuesto la vivencia en una sociedad donde la justicia, la equidad y el respeto por los demás, sean valores profundamente arraigados en la cultura, en la mente y en corazón de cada persona. Deben también, estar acompañados de estrategias preventivas, oportunas y eficaces que de verdad disuadan cualquier extravío.

CARMEN INÉS CRUZ

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