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La vía alterna (Mangos-Tapias) y la que conecta con el Puente Porvenir, igual, más bien, peor. La situación es generalizada, comunidades campesinas de los corregimientos de Coello Cocora, Laureles, Calambeo, La Florida, Salado y San Juan de la China, han denunciado el colapso de buena parte de sus vías, toda una tragedia para quienes en tiempos de pandemia no han parado un segundo su trabajo para garantizar que la ciudad permanezca abastecida. Ibagué tiene más de 500 kilómetros de vías terciarias distribuidas en un área de 1.400 km cuadrados, la mayoría serpentea montañas arriba, sobre una topografía agreste que genera un riesgo permanente de remociones en masa, pérdidas de banca, entre otros.
De los 17 corregimientos de la ciudad apenas uno queda en el plan (Buenos Aires), en los demás hay que lidiar con permanentes emergencias viales, especialmente en época de lluvias. El Gobierno Municipal y Departamental lo saben, incluso, el Ideam alerta de manera oficial a los mandatarios para que preparen los planes de contingencia para enfrentar los temporales lluviosos.
La Alcaldía cuenta con maquinaria, escasa, sí, pero si se mantuviera operativa podría responder al menos en los sectores más críticos. La Gobernación, además de su maquinaria propia, cuenta con al menos 6 kit de maquinaria que hace unos años aportó la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, para que fuera puesta a disposición de los municipios que tuvieran emergencias viales.
Ambas entidades pueden contratar maquinaria por emergencia cuando su capacidad se ve excedida. Cortolima también podría disponer la maquinaria incautada por minería ilegal, buen oficio le pondría. Sin embargo, el campo de Ibagué hoy padece la total indiferencia de todas esas entidades. ¿Dónde está la maquinaria?, ¿Se prepararon para este momento?, ¿Cómo priorizan la atención de emergencias?
Lo que están viviendo las comunidades rurales no es de poca monta. Imagine el lector que después de un par de aguaceros aparecen sendos cráteres que impiden el paso en ambos sentidos por la Avenida Quinta, la Ferrocarril, la Guabinal y la Ambalá, y que pasen los días y semanas y nadie resuelva la situación. Mínimo habría denuncias, paros, noticias nacionales y la acción inmediata de los organismos de control. Pero como eso está pasando en el campo, donde no ocurren esas reacciones, entonces que esperen. Allá se están perdiendo toneladas de comida que representan el sustento de miles de familias, los ancianos y niños están corriendo enormes riesgos al transitar por los peñascos que han dejado las crecientes, los campesinos, tras de pobres, están teniendo que sacar de sus bolsillos para pagar maquinaria que al menos les habilite parcialmente los carreteables.
Más allá de una crítica pretendo es hacer un llamado a la consciencia de los administradores de Ibagué y el Tolima, ellos son gobernantes de todos y, valga decirlo, de los más vulnerables. Es hora que reaccionen frente a lo que está viviendo la zona rural de Ibagué (y seguramente la mayoría de municipios). Es entendible que no hayan iniciado obras, pero, al menos, denle una manito a nuestros campesinos con la rehabilitación de sus vías.
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