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Los planes, planes básicos o esquemas de ordenamiento territorial de los municipios y distritos en ningún caso serán oponibles a la ejecución de proyectos, obras o actividades a los que se refiere la presente subsección”; esa subsección habla justamente del “Desarrollo de proyectos, obras o actividades de utilidad pública y de interés social”.
Hasta ahí pareciera todo normal. El veneno está en que el artículo 13 de la Ley 685 de 2001 (Código de Minas) establece: “declárase de utilidad pública e interés social la industria minera en todas sus ramas y fases”. Esto significa que el Alcalde que se atreva a incorporar dentro de la actualización de su plan o esquema de ordenamiento territorial, aspectos que limiten o prohíban la minería en cualquiera de sus formas, queda expuesto a ser procesado por la comisión del delito de Prevaricato, que lo enfrentaría a riesgo de prisión, multas económicas e inhabilidades.
Este asunto es de máxima importancia para el país y particularmente para el Tolima, y prende las alarmas en todos los municipios con proyectos mineros pendientes por ejecutar. En su primer año de gobierno, muchos alcaldes del país están alistando todo para iniciar la actualización de sus instrumentos de planificación territorial.
Al momento cerca de 350 municipios están adelantando dicho proceso. Con este Decreto el gobierno Duque les ata las manos para que ninguno ose enfrentar la minería y garantiza que, al menos normativamente, ningún centímetro cuadrado del país quede protegido del extractivismo.
En el caso concreto de Cajamarca, las 6.165 personas que en el año 2017 votaron porque en el Municipio no se pudieran ejecutar proyectos y actividades mineras, esperan que su Alcalde incorpore esta decisión en el marco normativo, esto es, en la actualización del Esquema de Ordenamiento Territorial. Entonces, el hoy Alcalde, que en aquellos tiempos como ciudadano lideró junto con el Comité Ambiental y otros actores sociales el proceso de la Consulta Popular que detuvo La Colosa, ahora lo sitian legalmente para que no pueda incluir esa decisión del pueblo soberano dentro de la norma municipal que ordena el uso del suelo. Situaciones similares se verán a lo largo y ancho del país. ¡Vaya jugada!
De manera maquiavélica y fiel al estilo dictatorial que ha demostrado desde sus albores, el Gobierno nacional cambió el frente de batalla: consciente que las movilizaciones populares cada vez son más fuertes para defender los territorios de la voracidad del extractivismo y que luchar contra el pueblo le queda difícil, apuntó su artillería a una sola persona en cada municipio: el Alcalde.
Así, amenazando la libertad, el patrimonio personal y la carrera política de los mandatarios locales, le cumple a los intereses del país minero y, de nuevo, le da la espalda a la ciudadanía que cada vez reclama con más ahínco la protección y defensa de sus recursos naturales.
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