Salir de la era violenta

Como en los viejos tiempos, como en la época aciaga de Pablo Escobar, cárteles del narco - paramilitarismo tienen el poder y los medios para desafiar al Estado y prácticamente declararle la guerra: el ‘Clan del Golfo’ con su paro armado tiene arrinconados a cuatro departamentos (Córdoba, Bolívar, Antioquia y Sucre), frente a la mirada incapaz de un Gobierno que envalentonado extradita a su cabecilla, pero no tiene ni idea de qué hacer con el resto de esa y otras tantas organizaciones criminales narcotraficantes.
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Hemos retrocedido en el tiempo. Hemos entrado nuevamente en una espiral de violencia y terror que no solo disparó los asesinatos de líderes sociales, indígenas y defensores de los territorios, sino también el desplazamiento forzado, la extorsión, el secuestro y el despojo de tierras. Este es un nuevo capítulo de la guerra sempiterna de la que escribe Antonio Caballero.

El actual Gobierno no entiende sino de guerra. La necesita para sostener el discurso con el que se ha mantenido por años en el poder: la seguridad democrática. Jamás apostó (y ya no lo hará) por una paz verdadera, en la que se reconozcan las verdaderas causas del problema y se implementen soluciones que alivien la barbarie. Plomo es lo que hay, plomo es lo que viene, el uribismo solo sabe de eso.

Construir paz implica superar la exclusión y la pobreza en la periferia del país, en la Colombia profunda, en esos territorios que el Estado abandonó y que por ese vacío están siendo aprovechados por los criminales para todo tipo de actividades ilícitas.

Los campesinos que allí viven son tan honestos y trabajadores como los de la Sabana de Bogotá o los del Valle de Aburrá, solo que sin tierra ni medios para producir, ni oportunidades para vivir dignamente, allí no hay Estado que provea eso, solo narcos que pagan jornales para trabajar en los cultivos de uso ilícito y que reclutan jóvenes para que integren ejércitos privados.

Una reforma rural integral que cambie esas condiciones, un aseguramiento en el acceso a educación, salud y trabajo, una toma de esos territorios por parte del Estado, pondría en franca desventaja a quienes ofrecen actividades ilícitas como medios para sobrevivir.

Para salir de la era violenta también hay que legalizar. Con un discurso mojigato los sectores retrógrados de la política colombiana se han atravesado cada vez que se ha propuesto la legalización de la marihuana. No entienden que quitándole el negocio a los criminales y teniendo control sobre la cadena de valor, se salvarían vidas porque la guerra por el mercado pasaría de ser de pandillas y bandas a empresas y casas comerciales. Se podría obtener rentas del negocio vía impuestos.

Habría la posibilidad de intervenir la adicción bajo un enfoque de salud pública y no el del prohibicionismo que no ha funcionado. También hay una propuesta de legalizar la coca que ya ha sido debatida (y hundida) en el Congreso, hay que revisarla.

Este Gobierno deja un legado impresentable de violencia e incapacidad institucional. Se despide en medio de las balas de un monstruo que ellos mismos ayudaron a crear. De seguir por esa misma línea habrá una profundización de la guerra en Colombia.
Necesitamos un gobierno de cambio, que nos lleve a caminar por la senda de la paz.

CÉSAR PICÓN

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