Abusos tarifarios

César Picón

Esta semana se conoció una pírrica sanción que la Superintendencia de Servicios Públicos le impuso a Celsia por el elevado porcentaje de facturas que hicieron sobre un “consumo promedio” y no con la lectura real del medidor, en plena pandemia. De inmediato la empresa de energía anunció que apelaría la decisión bajo el mismo argumento de aquella época: que por el temor al contagio de sus operarios omitieron la lectura de medidores y en su reemplazo promediaron los consumos.
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Debo decir, nuevamente, que eso no es cierto, al menos no en todos los casos. En mi columna del 6 de mayo de 2020 (“Lo pagará su madre”), expliqué que resultaba extraño que en una vivienda estrato Cinco, que en marzo de ese año había registrado un consumo de 122 Kwh y un promedio de los últimos meses de 117 Kwh, la factura de abril le registrara un consumo de 164 Kwh, lo que demuestra que no promediaron el consumo. En contraste, revisada una factura de aquel entonces de una vivienda estrato Dos, resultó que el consumo fue promediado de manera exacta. Por esa época muchos usuarios industriales y comerciales se quejaron porque la factura les llegó con consumos promedios a pesar que llevaban dos o tres meses con los locales y fábricas cerradas por cuenta del confinamiento. ¿Hicieron lecturas solo donde les convenía?

Pero hay otras situaciones anómalas. Entre noviembre de 2020 y noviembre de 2021 el Costo Unitario de Prestación del Servicio (CU) de Celsia pasó de 608 pesos a casi 700 pesos, un aumentó de 90 pesos aproximadamente que representa una variación del 13 % de la tarifa en solo un año, 4 puntos porcentuales por encima de las estadísticas nacionales que registraron una variación para el año 2021 del 9 % en promedio para todo el país. Aun así dicen ser la empresa que menos ha subido las tarifas.

Y el rancho está ardiendo. A junio de este año el CU estaba en $781 pesos, de acuerdo al gráfico del comportamiento histórico que presentó Celsia a la Asamblea del Tolima el pasado 15 de julio de 2022, no obstante, en agosto hubo facturas con CU de $796 y en septiembre algunas facturas ya marcaban los $824: en 3 meses un aumento de 43 pesos que multiplicado por el consumo definitivamente dispara el costo de la factura de energía de todos los hogares tolimenses.

Tienen razón los usuarios cuando afirman que la multa es un insulto, sobre todo cuando al abuso en las tarifas se suma la pésima calidad del servicio y los frecuentes cortes. El gobierno anunció que a partir de noviembre bajaran las tarifas en todo el país. Una buena noticia en medio del caos producido por la inflación. Sin embargo, esa decisión pone de manifiesto que, efectivamente, las empresas comercializadoras de energía estaban facturando por encima, en otras palabras, se enriquecieron mientras nadie les puso control ni tatequieto y finalmente se van a quedar con esa platica.

Exactamente lo mismo está ocurriendo con el costo del servicio de aseo de Ibagué, que en poco tiempo se disparó a niveles impagables. En esta ciudad hay que lograr con el aseo lo que el Gobierno Nacional está logrando con la energía, o se renegocia esa concesión para que bajen las tarifas o se cambia el modelo.

 

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CESAR PICÓN

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