Batería de ollas podridas

César Picón

El Gobierno de Petro no está alcahueteando nada y en pocos meses ya ha destapado escandalosos casos que, más allá de confirmar abominables entramados de corrupción que se han consolidado años atrás en varias entidades públicas del orden nacional, dejan mal parado al Gobierno anterior que parece que “ni se dio cuenta” o al menos no dijo “ni mu”. 
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Primero fue el escándalo de la Sociedad de Activos Especiales, en el que el mismo Presidente denunció graves situaciones como que la Entidad ni siquiera tenía claro cuáles eran los bienes incautados a la mafia. En esa denuncia se habló de más de 4.000 vehículos de alta gama y cerca de 1.600 predios que están desaparecidos, no se sabe en manos de quien fueron a parar. A ese grave hecho que podría significar que muchos de esos activos hayan terminado en manos de sus mismos ex dueños o incluso de políticos avivatos, se añaden irregularidades en la administración de los mismos, por ejemplo, que arrendaran para usufructo valiosos predios por sumas irrisorias, probablemente con pagos por debajo de la mesa.

Luego vino el destape de un posible carrusel de contratación en la Unidad para la Gestión del Riesgo. El mismo Presidente finalizando octubre resumió la situación en una frase: “Heredamos una Unidad para la Gestión del Riesgo profundamente corrupta”. De acuerdo con el Presidente, extrañamente hay contratistas que año tras año atienden inundaciones en los mismos sitios y con las mismas personas afectadas. Así mismo, se denunció como se encontraron contratos por más de 350.000 millones de pesos sin que tuvieran respaldo presupuestal, un hecho gravísimo que podría acarrearle millonarias demandas a la Nación. Claramente se venían aprovechando de la naturaleza de una Entidad que tiene la misión de implementar las máximas medidas de prevención en riesgos de desastres y responder de manera inmediata ante calamidades que ocurran en el país, para hacer fechorías y embolatar los dineros públicos.

El más reciente escándalo destapado viene por cuenta de la Aerocivil. Ahí las denuncias son verdaderamente impresionantes. Funcionarios y controladores aéreos que aprovechan sus cargos y permisos de seguridad para facilitar el acceso y salida de la droga a distintos aeropuertos y la movilización de la carga en avionetas sin que queden detectadas en los radares. También se habla de la venta irregular de licencias para pilotos, contratistas fantasmas que solo aparecen en la entidad para cobrar honorarios y todo otro arrume de irregularidades.

Fiel a su estilo, el mismo que sin miedo años atrás destapó la para política y el cartel de contratación de Bogotá, ha asumido la cruzada de denunciar todo hecho irregular que ha encontrado tras su llegada a la Casa de Nariño. Ya va una cantidad de ollas podridas y seguramente otras saldrán a la luz pública más adelante, el enorme reto que viene para el Gobierno es cómo lograr sanear entidades que a lo largo de los años han consolidado esas formas indebidas de actuar. No será fácil. El ejemplo tendrá que arrastrar.

CÉSAR PICÓN

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