En un poco más de seis meses se cumplirá una década desde aquel buen día en que la Corte Constitucional partió en dos su historia jurisprudencial. En 2006, una valiente sala integrada en aquel momento por aún verdaderos caballeros de la ley que eran portada de revistas por sus corajudos fallos y no por sus líos de togas, modularon una conducta que hasta entonces, e incluso ahora, era delito, cambiando la vida de miles de mujeres. Con el peso de sus martillos determinaron que bajo las circunstancias idóneas, abortar no llevaría a una paciente del hospital a la cárcel, sino que constituiría un goce efectivo de sus derechos sexuales y reproductivos.
Con este respaldo legal, hoy Profamilia, la única entidad de todo el país que realmente se preocupa por la salud sexual de los colombianos de forma sincera, seria y científica, lejos de los prejuicios religiosos, ha iniciado una impactante y muy interesante campaña en el transporte público que por primera vez le habla de frente y con la verdad a las mujeres embarazadas que están dentro de los tres supuestos despenalizados por la Corte Constitucional: La decisión es solo de ellas y de nadie más.
Y es que siempre hay quiénes no soportan la franqueza y por ello varios sectores han salido a prometer el infierno mismo a los promotores de la iniciativa ¿Pero exactamente qué tiene de malo decirle a una mujer a qué tiene derecho? No es claro por qué si hace casi 10 años quedó claro que no es ilegal, aunque tampoco obligatorio, interrumpir un embarazo no deseado producto de una violación, que contenga un feto de expectativa inviable o que represente un riesgo para la madre, debe seguirse ocultando esta información a modo de secreto de estado como si de códigos para lanzamiento de misiles nucleares se tratara.
A miles de mujeres en Colombia, sobre todo en los sectores más deprimidos de nuestra geografía, nunca se les ha pasado por la cabeza que existen procedimientos seguros, autorizados y ejecutados por expertos profesionales que ajustados a la ley les permiten poner fin a un estado de gravidez que les impusieron a la fuerza, que eventualmente será infructuoso o que simplemente podría matarlas. Todo sin culpa de ellas, claro, sino de un estado pudoroso que le teme más al fuego eterno que a la responsabilidad por omisión de no comunicar correctamente a sus ciudadanas sus derechos.
Que las colombianas dejen de morir contadas por miles en anónimos e improvisados quirófanos de mala muerte en el centro de nuestras ciudades debe significar una victoria para las autoridades de salud y no una derrota de la moral y las buenas costumbres. Colombia parece no cansarse del desfile de cadáveres que solo sirven para engrosar estadísticas fatales, todos de mujeres que se habrían salvado de haberles dicho, como hoy sí lo hace Profamilia, que había otra alternativa.
Obiter Dictum: Con dos películas aplaudidas y homenajeadas en Cannes, sería el colmo que insistamos en enviar a los Oscar una cinta de traquetos o esos dramas baratos que aman designar.
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