El carrusel de las palomitas

La contralora Morelli, quizás por un camino tortuoso y no necesariamente exitoso, puso el dedo en la llaga. Sin importar si los encargos, los ascensos de última hora, el régimen de transición o las tutelas,

sean o no ajustadas a Derecho, el país institucional (los legisladores, los gobernantes y los jueces) le deben a la sociedad colombiana una discusión sobre la equidad y la sostenibilidad del régimen de pensiones de vejez.  

Alguien dijo que una pensión de jubilación de 18 millones de pesos es obscena; en realidad -a pesar de la innecesaria desvalorización de la palabra- sí creo que es bochornoso (otra palabra hipócrita) o, mejor, desafiante e inicuo que una sociedad con semejante índice de desprotección social, auspicie y mantenga tales privilegios.


Los que estamos lejos todavía del retiro, los que jamás lograrán la jubilación por haber pasado media vida en la informalidad y los que no tienen cabida en el sistema, sentimos algo más que rubor candoroso ante tal desfachatez.


La pensión de vejez universal y digna debe ser un objetivo de cualquier sociedad organizada y solidaria; y, claro, ni más faltaba, debe reflejar como corresponde en el modelo capitalista, la contribución de cada quien (justicia contributiva dirían los abogados clásicos o la ética del trabajo, dirían los protestantes); pero todo dentro de unos parámetros que preserven índole de cobertura para la vejez digna y congrua de los ciudadanos que tiene la pensión -no el retorno de un inversión especulativa-.  


Y no nos hagamos los ciegos, en la Rama Judicial, valiéndose de la permisiva ley -es decir, sin ilegalidades, pero impermeable al decoro y a la pulcritud que deberían tener quienes se sienten dignos de ser jueces de otros-, se ha vuelto práctica común, de un tiempo para acá,  la “palomita” por las Cortes o por la magistratura en los últimos meses de servicio, sólo para acceder a una mejor pensión.  


Quizás a nadie lo van a meter a la cárcel por ese uso indelicado de la carrera judicial (nunca aplicada de veras), pero sí es momento de ir soltando las amarras culturales del colonialismo y empezar a pensar sin hipocresía, como comunidad progresista, solidaria, responsable e incluyente.  


Si hay “límites” hay Estado de Derecho, y los primeros en imponerlos deben ser precisamente quienes tienen las herramientas (conocimiento, poder de decisión, posición privilegiada) para desbordarlos.

Credito
SAMUEL CHALELA

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