Nuestros compatriotas llaman coloquialmente “manguala” a dichos acuerdos a los que se llega en beneficio de los interesados ¡y siempre lo están! En su propio interés y beneficio, naturalmente. Hoy, en los días que transcurren en Colombia, a pocos meses de la elección regional de alcaldes, de gobernadores, de concejales y diputados, es decir de mandatarios ordenadores del gasto y de legisladores que pueden dispensar favores, contratos y entrega a las clientelas de los políticos que “aspiran” a ser elegidos el poder decisorio: do ut des (doy para que me des: contratos para mis clientelas y reparto del poder). Son muchos los candidatos y pocos los cargos. Quienes buscan el respaldo o aval de cualquier grupo político no tienen en cuenta sus ideas ni sus programas; ni los propios ni los de quienes hacen tratos y alianzas electorales con ellos. En Colombia los partidos políticos no tienen ni programas ni ideas. Tan solo consignas que llaman “eslogan” o jingles, o la efigie sonriente del candidato que “se vende en el mercado” como cualquier mercancía. Por otra parte los “aspirantes” se asocian con otros aspirantes de otros grupos como si se tratara de un negocio o una inversión. Actualmente los dineros necesarios para ser elegido al Congreso Nacional u otros cargos en el poder legislativo son muy elevados. Se necesitan cuarenta millones de pesos para ser elegido Senador. Un Congresista, un político profesional, “se ve obligado a recuperar” los dineros invertidos en la campaña electoral para ser elegido y reelegido, ad infinitum, una y otra vez y prestar así un gran servicio a la democracia.

Además, cada Congresista o grupo político que ha creído aliarse con otros congresistas o grupos para elegir a un ordenador del gasto (Presidente de la República, Gobernador Provincial o Alcalde municipal), se cree con derecho a obtener “dividendos” de tan fraudulenta inversión, para obtener contratos para ellos y sus clientelas y recibir en pago de su inversión en la elección del candidato, el poder de disponer como feudo propio de los institutos descentralizados, particularmente en las áreas de salud y educación. A todas estas irregularidades se suman los llamados “trasteos de votos”, las compras de votos y votantes.

Algunos ciudadanos entregan su voto por el temor de perder su empleo, otros para recibir ayudas de materiales para construcción y otros por su espíritu pusilánime y su falta de carácter. Si tenemos en cuenta la desaforada persecución que se ha estado haciendo a los funcionarios públicos y que ha llevado en muchos casos a la suspensión de sus cargos, a la prohibición de la actividad política  por varios años y hasta la pérdida de la honra, no sería raro que muchos ciudadanos que quisieran prestar el servicio a la comunidad se abstuvieran de presentar su nombre para ser elegidos  a las corporaciones públicas y evitar tales consecuencias.