El buen gobierno es indispensable para aumentar la efectividad del sector público en todos los frentes y para conseguir que sus servicios del Estado y la eventual prosperidad lleguen hasta los sectores más pobres de la población.

El buen gobierno también debe incorporarse a la cultura empresarial colombiana, aunque no ha sido fácil mover a los empresarios en esta dirección. Muchas de las empresas son regidas por patriarcas familiares o por sus gestores o fundadores que tienden a concentrar la autoridad en ellos y a monopolizar el control sobre la información y los recursos. No pocos de estos autócratas manejan sus compañías como si se tratara de de su propio bolsillo, tienen empresas que se benefician de los contratos de suministro, y para someter a sus juntas directivas les conceden prebendas que riñen con los conceptos de transparencia y buenas prácticas administrativas que lleva consigo la idea de buen gobierno. En la mayoría de estos casos están presentes conflictos de interés que no se resuelven adecuadamente a favor de las empresas sino de quienes las manejan, con detrimento evidente para los accionistas y para los demás interesados. Esto no solamente redunda en ineficiencias sino que crea una cultura de rapiña dentro de las empresas y facilita el mal manejo de recursos públicos, cuando son contratistas con el Estado, como ha sido evidente en el caso de contratistas de obras públicas o de empresas del sector salud.      

Esta administración, que predica el buen gobierno y que lo está comenzando a aplicar dentro de la gestión pública, debería interesarse por promover esos mismos criterios en el sector privado en general, con especial atención a las empresas que fueron privatizadas, contratan con el Estado o administran bienes púbicos por concesión o licencias del Gobierno.  

Si esto se hubiera hecho hace 20 años, cuando se privatizó varias compañías prestadoras de servicios o se otorgó licencias y concesiones a grupos privados que han venido a convertirse en nuevas élites empresariales excluyentes, posiblemente se hubiera evitado la actual crisis del sector salud. Si las empresas de ese sector que hoy están a punto de ser intervenidas hubieran tenido estrictos controles administrativos, contabilidad moderna, miembros independientes en sus juntas directivas, comités de auditoría, revisores fiscales de primera calidad y autónomos, posiblemente se hubiera evitado lo que está sucediendo. Si se las hubiera preparado para salir a bolsa y compartir con un público más amplio los beneficios de la privatización, y si no hubieran sido administradas por déspotas, no estarían cientos de miles de usuarios en peligro de perder sus servicios de salud.

Todavía estamos a tiempo, tanto en el campo de acción del Ministerio de Transporte como en los de Minas, Agricultura o Comunicaciones y aún en el de Defensa, para que el Gobierno exija a sus contratistas, a sus concesionarios, a las empresas que regula, o a aquellas en las que participa como socio que adopten rápidamente las prácticas de gobierno corporativo, de control y equilibrio de poderes al interior de las compañías, de manejo de conflicto de interés y transparencia que se requieren para afiliar a las empresas a la bolsa de valores, con el objetivo de abrir y democratizar estas compañías en un futuro previsible.  

RUDOLF HOMMES