Con la presentación por parte del Consejo Nacional de la Educación Superior (Cesu), un apéndice del Ministerio de Educación, de una propuesta de Política Pública que llama Acuerdo Superior 2034, el gobierno de Santos II reactiva su propósito inicial de privatizar la Educación de nivel superior mediante la vía de promover el crédito a los estudiantes para que paguen matrículas mayores y aprovechando recursos públicos para el manejo del sector privado, una réplica burda del modelo de concesiones de vías, de la participación de particulares en empresas de servicios públicos como la empresa de energía de Bogotá que con menos del 50 por ciento manejan la dirección de la compañía y la utilizan principalmente con el propósito de hacer pingues utilidades a costillas de elevadas tarifas a los usuarios.

El Gobierno justifica la propuesta con el argumento de que los recursos del Estado son insuficientes y que es necesario admitir aportes privados, los que solo llegan si tienen asegurada rentabilidad económica.

La propuesta elaborada por la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (Mane) que cuenta con un borrador desde enero de 2013, no ha sido considerada por el gobierno, pues en ella se insiste en la financiación adecuada por parte del Estado y la autonomía y libertad para decidir la cátedra, para eliminar cortapisas al conocimiento científico y poder abordar los campos de la ciencia que se consideren vitales para el desarrollo del país.

La disponibilidad de recursos financieros es fundamental a la hora de garantizar educación de calidad, las universidades privadas son el mejor referente para esta afirmación, si se les examina los resultados académicos las únicas que salvan la plana son las más costosas, las que cobran matrículas altas tipo Andes, Javeriana, Uninorte de Barranquilla, les compiten las Universidades Públicas de las grandes capitales gracias a inversiones del pasado que ya comienzan a deteriorarse y que impactarán negativamente el futuro de estas instituciones.

Con el torvo propósito de desprestigiar a la Mane se les acusa de incluir en sus debates temas como el de los TLC y la política minero energética, que pareciera fueran de otra órbita, nada más pertinente pues al no existir una política de desarrollo del agro y la industria que demande investigación para dar solución a sus problemas en producción, información, administración, manejo de recursos humanos y todo aquello que implica el engranaje de una actividad económica compleja, las instituciones educativas del nivel superior no encontrarán motivos ni escenarios para adelantar su misión: la construcción de nuevos saberes.