En realidad, nuestro interés de abordar la regulación de la marihuana se concentra precisamente en ellos, pues necesitamos que sea el Estado quien tenga el control de estas sustancias y no las organizaciones criminales que son las responsables de que en los últimos años haya aumentado el consumo de drogas en Colombia. Este Proyecto de Ley no busca liberar el consumo sino regularlo y controlarlo, como ocurre con el alcohol y el tabaco pero en este caso exclusivamente con fines médicos y terapéuticos. Por eso, hemos dicho que es urgente desarrollar programas para reducir la adulteración clandestina de las sustancias por parte de traficantes y distribuidores y realizar campañas dirigidas a aumentar la edad de consumo.

En relación con el uso terapéutico de la marihuana, emergen con frecuencia dos preocupaciones: la relacionada con que su uso pueda ser la puerta de entrada a otras drogas y aquella que se refiere a que permitir el uso terapéutico puede derivar en aumentar el consumo en los adolescentes. Al respecto, los estudios e investigaciones reunidos por la Fundación ideas para la Paz, FIP, demuestran que en la mayoría de los casos el consumo de marihuana no es una puerta para el consumo de otras drogas ilícitas, pues se ha probado que gran parte de los usuarios de drogas consideradas “suaves “nunca llegan a consumir drogas “más fuertes”. En el caso del uso del cannabis terapéutico, no hay que olvidar que el argumento de ser puerta de entrada es remoto, por cuanto su acceso sería restringido y de formulación bajo determinadas condiciones y dosificaciones.

En relación con que el uso de la marihuana medicinal podría aumentar la tasa de consumo en adolescentes, la FIP, a partir de la evidencia científica disponible, ha mostrado que no existe correlación entre el uso de marihuana medicinal y un aumento de la prevalencia en adolescentes, a partir de casos como el de los Estados Unidos. Sin embargo, es importante resaltar que dado que el debate de la marihuana medicinal podría disminuir la percepción de riesgo que existe entre la población adolescente, es fundamental delimitar las condiciones en que se permitiría su uso, de manera que no se estimule el consumo y al mismo tiempo se construya una política pública en prevención.