Está nuevamente sobre el tapete la posibilidad de impulsar un referendo para que los colombianos decidan en las urnas si los violadores y abusadores de niños deben ser castigados con cadena perpetua.
El señor presidente de la República, Juan Manuel Santos, ha expresado su apoyo a esta iniciativa, como un mecanismo importante para frenar en lo posible este tipo de acciones aberrantes contra niños, niñas y adolescentes que infortunadamente persiste en el país.
Es claro que se requiere del aporte decidido del Congreso de la República, pues se hace necesario modificar el Artículo 34 de la Constitución Política para aplicar ese tipo de condena, si como mencionamos al comienzo, la decisión es avalada por un referendo.
El espantoso y desgarrador episodio registrado hace pocos días en Ciudad Bolívar, en Bogotá, que involucró a cuatro niños indefensos, y cifras de acciones abusivas recurrentes contra nuestra niñez, avivan el debate.
Desde 2008, la recordada senadora Gilma Jiménez (Qepd), luchó para que entidades como la Fiscalía, la Procuraduría, el Icbf y los medios de comunicación, sumáramos esfuerzos para alcanzar ese propósito que sería una excelente herramienta en la defensa de los derechos de nuestros niños, que por ley priman sobre los derechos de los demás.
En el Icbf nos hemos empeñado en cambiar el mundo que rodea a nuestros niños, para mejorar sus condiciones de vida, tarea que requiere del decidido apoyo del Gobierno y de la sociedad misma.
En la práctica, la situación de la niñez en el mundo causa mayúscula preocupación.
Hace pocos días, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Unicef, sostuvo que 2014 fue un año marcado por el horror, el miedo y la desesperación para 15 millones de niños atrapados en conflictos alrededor del mundo.
Anthony Lake, director ejecutivo del Fondo, reseñó que 230 millones de niños viven en países y áreas afectadas por los conflictos y recordó que “la violencia y el trauma no solo los dañan a ellos sino que socavan la fortaleza de las sociedades”.
En Colombia, dos millones 182 mil niños entre cero y 17 años han padecido violencia, según la Unidad para la Reparación Integral de las Víctimas. Y dos millones 938 mil niños han sido víctimas de desplazamiento forzoso.
Con este panorama, no nos podemos dar el lujo de permitir que violadores sin consideraciones ni escrúpulos, sean los depredadores de nuestra niñez.
La violencia sexual es uno de los más graves problemas de salud pública en Colombia y otras latitudes. Según el Instituto Nacional de Medicina Legal, en 2013 se registraron 20 mil 739 exámenes médico-legales por presunto delito sexual en Colombia. Del total de exámenes practicados el 84.44 por ciento correspondió al sexo femenino; el 86.34 por ciento correspondió a niños, niñas y adolescentes entre los cero y 17 años (17.906 casos).
Desde la Dirección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, hago un llamado a los miembros del Congreso de la República y a todo el país, para respaldar el referendo de cadena perpetua, como una manera de preservar conceptos básicos de la existencia de nuestros niños: protección, respeto, tolerancia e igualdad.
Esta oportunidad es propicia, además, para hacer un llamado a la Fiscalía y al poder judicial en General, para que las penas que se apliquen contra los autores de delitos contra niños, niñas y adolescentes, sean ejemplarizantes. Tan categóricas como una decisión de país al aprobar la cadena perpetua para los violadores, secuestradores y abusadores de niños.
La persistencia de delitos de esta naturaleza nos impedirá ser un país en paz y no podemos frustrar el principal anhelo de los colombianos que soñamos con mejores condiciones de convivencia para todos.
El 2015 debe ser el año del gran compromiso y las más eficaces acciones para avanzar en la tarea común de hacer fuerte una sociedad que protege a sus niños y los rodea de afecto y oportunidades.
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