Por eso es importante hablar sobre cuál es el mejor modelo de justicia que se requiere para alcanzar una paz duradera, teniendo en cuenta que Colombia afrontó procesos similares con grupos al margen de la ley, en los que se ha intentado la implementación de sistemas de justicia transicional, que en algunos casos no han logrado su propósito.

Estos comentarios es necesario abordarlos en tres aspectos: La necesidad de implementar un modelo de justicia atractivo para motivar la desmovilización, justicia proporcional para potenciar la reintegración y cómo debe buscarse que el modelo de justicia empleado resulte confiable.

El sistema de justicia que surja de la negociación con las Farc debe ser atractivo para desmovilizar a todos sus miembros, disuasivo para evitar delitos posteriores y permisivos para que quienes dejan las armas hagan política sin ellas. Escoger entre justicia necesaria y justicia posible.

Cerrar el conflicto demanda sacrificar algo de justicia, eso es claro. La misma Corte Constitucional ha conceptuado respecto del impacto que para la justicia puede tener la consecución de la paz, en su sentencia C-370 de 2006, en la que expresa que el derecho a la justicia puede verse restringido cuando de conseguir la paz se trata.

Por eso la justicia debe contribuir a la construcción y consolidación de escenarios que impidan nuevas confrontaciones armadas y servir para catalizar otros procesos como la reintegración de los desmovilizados a la sociedad, su inserción política y su aporte a la convivencia.

El modelo de justicia que se implemente marcará el camino hacia condiciones sostenibles de relativa seguridad y tranquilidad, si está en la capacidad de promover y facilitar entornos de coexistencia pero sobre todo, si puede garantizar la resocialización del individuo y evitar la regeneración del delito.

Nada fácil, si se considera que los criterios preponderantes de nuestro sistema penitenciario y de política criminal no guardan estricta relación con el propósito de resocializar a los delincuentes.

Según la Agencia Colombiana para la Reintegración, entre 2003 y septiembre de 2015 se contabilizaban 57 mil 609 “personas desmovilizadas de los grupos alzados en armas que se encuentran en proceso de reintegración”.