En Colombia nos acostumbramos a no debatir, nos da una pereza congénita leer más de un párrafo para opinar, nos conformamos con la tarea mediocre de quienes opinan parcializados, encargados de desinformar.
En esta pequeña columna, no trataré de convencer a nadie de que la minería es buena o mala, muy por el contrario, mi posición como docente, debe llevar a quienes están de un lado o del otro, a encontrarse en los argumentos, y en el respeto. Sin embargo en temas mineros parece que no existe el debate, sino la necesidad de pelear e imponer ideas descabelladas, que muestran el crimen como minería.
En una conferencia de la UNAL, escuché al Doctor en geología Oswaldo Ordoñez, presentando un ejemplo que quedó en mi memoria frente a la diferencia entre la minería bien hecha y criminal, él mostraba primero, una imagen de un cultivo de café, y preguntaba si eso era legal y se podría denominar agro, ante esto, el auditorio contestó al unísono: SÍ. Posteriormente, mostró una imagen de un cultivo de marihuana, y repitió la misma pregunta, nuevamente a una sola voz, la mayoría contestó: NO, a continuación se mostró una imagen del río Dagua, destruido por retroexcavadoras, y preguntó al auditorio, ¿esto es minería? las personas contestaron a una sola voz: SÍ. Inmediatamente el profesor Ordoñez replicó: “¡eso es una actividad CRIMINAL!, digna de decomiso y sanción penal URGENTE”
Con este ejemplo, me quedó claro que el concepto general que tienen los colombianos de la minería, es el vendido en videos de la destrucción criminal de cada rincón del Chocó y Antioquia, el concepto, de millones de litros de agua que fácilmente podrían secar el mar, y no el concepto técnico geológico, jurídico y ambiental que es el que se debe aplicar legalmente.
En este punto me endilgo la responsabilidad, y espero que muchas empresas mineras serias, y otros académicos de la minería lo puedan hacer, y es que guardamos silencio ante la infamia de las mentiras, y no defendernos la verdad técnica, sino que guardamos silencio como si algo estuviéramos escondiendo, y no señores, la minería técnica y ambientalmente responsable existe y es la única que debemos aplicar en Colombia.
Claro, es cierto que muchos de los negocios mineros, son el ejemplo vivo de corrupción, áreas de engorde y especulación, zonas sin control del Estado, compraventa de oro ilegal y exportaciones producto de actividades ilícitas, esas realidades no las puede ocultar el país, ni los académicos de la minería, ni muchos menos la defensa o ataque de la misma. Sin embargo, eso tampoco es minería, eso es actividad criminal que opaca el trabajo de los buenos.
Hoy, mientras escuchaba un programa radial, me encontré con una penosa situación de preguntas parcializadas y sin conocimiento por parte de la periodista que atendía el debate entre la consulta previa, y el proyecto de la Colosa en el departamento del Tolima, del cual parecía ya haberse formado una posición SIN ARGUMETOS NI CONOCIMIENTO, me generó gran impaciencia, pues, previamente no buscó, ni se asesoró, se emitieron juicios sin precisión alguna. Sin embargo, después de la incertidumbre de la desinformación, entendí que si un periodista formado, no comprende los elementos básicos de la parte técnica minera, que no es lo que muestran de la destrucción criminal, pues menos lo podrá entender quien no está en constante contacto con la información y el diario vivir de las decisiones judiciales y las leyes.
Por lo anterior, me gustaría aclarar algunos puntos, que son necesarios comprender, para dar cualquier debate en pro, o en contra de la minería:
1) Un proyecto minero serio, puede tardar entre 11 y 15 años explorando, verificando la factibilidad económica, que pueda generar lo suficiente para pagar generar utilidad, pagar empleados, impuestos, regalías, construcción de vías, montaje de maquinaria, pagos de estudios geológicos y ambientales (los cuales no son nada baratos).
2) Explorar en Colombia no es gratis, algunas cifras molestas para los enemigos del progreso (los que dice NO a todo, NO a la minería, NO a las vías, NO a la hidroeléctricas). Un proyecto como el citado, genera 400 empleos directos dignos, teniendo en cuenta que estamos en un proceso exploratorio y no se extrae un solo gramo de oro, adicionalmente la inversión social, que no es obligación de la empresa minera hasta el inicio de sus actividades de explotación, es decir hasta no tener plena seguridad del proceso extractivo, ya suma seis mil millones de pesos (dato entre el año 2010 y 2016) pero lo interesante es que ese dinero, no se encaminó a dar lapiceros y cuadernos, sino a fortalecer el entorno agropecuario de la zona.
Adicionalmente, la gestión ambiental del proceso exploratorio, es evidente y ejemplar reconocida por la comunidad académica, que se basa en argumentos científicos y no en especulaciones.
3) Un título minero, es un derecho que otorga el Estado a un particular, para que este de manera exclusiva, realice labores de exploración y explotación, en una zona determinada, el cual se otorga a través de un trámite administrativo que dirige la Autoridad Minera, en este caso, la Agencia Nacional de Minería, la cual es la entidad encargada de vigilar el pleno cumplimiento de las labores contratadas con el Estado. (En una próxima columna, explicaremos cuáles son las obligaciones de las empresas mineras)
4) La Autoridad Ambiental, no es la encargada de otorgar un título minero, tampoco puede interferir en los términos de exploración señalados en la Ley 685 de 2001 (Código de Minas). Esta autoridad, será la encargada de revisar y aprobar la licencia ambiental, la cual se obtiene después de que el titular minero, presente un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) el cual contempla las condiciones claras y definitivas, de cuáles serán los métodos utilizados para extraer el mineral y de qué manera se efectúan las remediaciones.
5) Dice la norma, que al mismo tiempo de la presentación del EIA, se deberá presentar ante la
Autoridad Minera, el Programa de Trabajos y Obras, esto es al momento de culminar la etapa de exploración, y este estudio técnico, contempla el método de explotación y las reservas probadas y probables.
Con estas aclaraciones, podemos comenzar un bienvenido debate, no sin antes dejar algunas preguntasen relación a la consulta previa en el Tolima:
- ¿Quién ofertará los 400 empleos directos en Cajamarca, de los cuales el 80 % son directos de los habitantes?
- Ya sabemos que en el área existe oro, ¿quién protegerá la zona de los mineros ilegales si Colosa se va? ¿Será que tendremos los mismos antimineros en el terreno, defendiéndose de los grupos armados, mineros “tradicionales”, y las mil y una tutelas que se presentarán por el derecho al trabajo de las pequeñas comunidades mineras? Y ante las perturbaciones, sacarán a la señora embarazo, con una bandera de Colombia, pidiendo dignidad en el trabajo…
- ¿Será que los impactos ambientales con lástima, son diferentes a los impactos ambientales con obligación de remediación?
Ahora, estableciendo una consideración jurídica frente a la consulta popular de Cajamarca, no se necesitan dos dedos de frente para entender, que la jugada de preguntarle a la gente si quiere o no proyectos mineros, no solo es mal intencionada, sino que jamás remediará, los títulos mineros ya otorgados. Los efectos jurídicos de la consulta, no pueden operar al pasado, más cuando un título minero ya se encuentra otorgado y en proceso de valoración económica para factibilidad, de ser así, ¿cómo pagaremos los colombianos la demanda internacional de un posible proceso, relacionado con la prohibición de adelantar labores mineras, cuando el mismo Estado autorizó el proceso, y es más, se fue por el mundo promocionando un país minero?
La consulta popular no es en contra de Colosa, es contra toda la actividad minera en Colombia, es la cuota inicial del desbalance en el desarrollo, decir no a la minería, no es únicamente decirle no al oro, a Colosa, a Anglo, es decirle no a las vías, a los materiales de construcción, al carbón y a la posibilidad de empleo de millones de colombianos. Lo triste, es engañar a la gente con mentiras, con mitos, con supuestos, y sobre todo, involucrarlos en un rito político con miras a unas elecciones presidenciales, involucrarlos en un juego de derecha e izquierda, cuando el país lo que necesita es desarrollo.
Es verdad que la minería causa impactos ambientales, estaríamos en un cuento de hadas, si así lo quisiéramos ver, sin embargo el desarrollo de un país serio, debe aprender entre el impacto ambiental y la remediación, en apostarle a las oportunidades de desarrollo comunitarias, y dejar el miedo, pues con nuestra mentalidad cuando nos ofrecen la oportunidad de crecer, lo único que estamos demostrando es nuestra costumbre a la pobreza, al jornal barato, y al patronismo ya marcado en el ADN de los colombianos, a ser los “pobrecitos”, y no los que producen realidades.
Se nos olvida señores, que minería criminal no es la Colosa, y otros proyectos de suma importancia para el país, la minería criminal está en los ríos de Antioquia y Chocó, los destruyen a punta de retroexcavadoras, y no veo a las comisiones ambientales y activistas, parando las retros y llenado buses (algunos pagados desde Bogotá) para las zonas del país en donde tenemos tragedias ambientales reales y palpables, ¿ahí se acaba el discurso y la bravura? ¿Ahí si la coherencia es de papel o de cartel?
El enemigo del pueblo no es la minería bien hecha, el enemigo está en los que se esconden detrás de la destrucción ambiental, en el silencio aterrador y cómplice de los colombianos, aprovechando que la atención está en la legalidad, y en como “joder” a los que tienen que cumplir con la Ley.
(*) Abogado de la universidad de Medellín, especialista en derecho de los negocios de la universidad externado de Colombia, cand magister en medio ambiente y desarrollo, facultad de minas, Universidad Nacional de Colombia, con diplomatura en derecho comercial y negocio minero. Docente universitario, gerente de Caval Asesores S.A.S. @juancaval
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