Ante las marchas recientes de los maestros en todo el territorio colombiano, la preocupación para la financiación del posconflicto y las permanentes quejas del Gobierno nacional por cuenta de la escasez de recursos vale la pena reflexionar sobre la conveniencia de las consultas populares para impedir los proyectos minero energéticos o las demandas que, como en el caso de Promigas, envían mensajes de inestabilidad jurídica a las firmas extranjeras y reducen el margen de maniobra de una de las actividades que más impulso le da a la economía.
Dos consultas muy sonadas en los últimos meses fueron la de Cajamarca (en el Tolima) y la de Cumaral (junto a Puerto Gaitán, en el Meta). La primera prohíbe cualquier tipo de actividad minera en la jurisdicción municipal y, la segunda, hizo lo propio en cuanto a la explotación petrolera. Como estos casos, hay en la lista de pendientes varias más (como la de Marmato en Caldas) que buscan impedir el desarrollo de este renglón económico legal.
Y es que con la minería sucede algo paradójico porque todos los departamentos quieren beneficiarse de estos recursos, pero nadie quiere aportar la explotación. Según el Departamento Nacional de Planeación (DNP), para este año (a la fecha) se tienen aprobados 5.836 proyectos por un monto de 12,5 billones de pesos en el que se cuentan iniciativas de todo tipo en las regiones (infraestructura social, proyectos medioambientales y programas para población vulnerable). Sólo en el Tolima, para mencionar uno de los territorios que más ha contribuido al debate, se aprobaron este año 269 proyectos por un monto que supera los 300 mil millones de pesos (con partidas que benefician la inversión en hospitales, recintos deportivos y parques, maquinaria para el mantenimiento de vías y la construcción de escuelas).
De alguna manera, en Colombia sucede como con aquella familia donde el hijo le pide al papá dedicarle más tiempo al hogar y renunciar a los trabajos extras pero a la vez quiere el último computador y la ropa de moda, en pocas palabras mantener el mismo ritmo de gasto. Es entendible que en un país donde la corrupción ha alcanzado niveles inimaginables y la agenda sobre sostenibilidad se ha puesto de moda, haya un rechazo creciente de la opinión pública a este tipo de actividades económicas. Sin embargo, también es cierto que el abuso de las consultas populares mediante preguntas sugestivas o la inexistencia de puntos medios en el debate (por cuenta del apetito electoral del gobernante de turno) es perjudicial.
Y claro que debemos apuntar como país a la menor dependencia de las materias primas, a la diversificación de la balanza comercial, a la innovación y a la mayor generación de valor agregado en la estructura productiva, pero este debe ser un proceso progresivo (no accidentado). De nada sirve, en un momento de tantas expectativas.
(*) CEO de Innobrand /j@egonomista.com
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