Se conoce como microtráfico, la actividad ilícita de venta o suministro de estupefacientes al menudeo, al detal o en pequeñas cantidades; siendo hoy por hoy uno de los mayores y más graves flagelos que azotan la sociedad Colombiana, al punto de convertirse en un reto gigantesco para el Estado y para la administración de justicia.
Esta problemática afecta directamente niños, niñas y adolescentes que son inducidos a la drogadicción con todas las nefastas consecuencias que conlleva tal condición de dependencia; incrementa la delincuencia, y contribuye a potenciar la violencia en las familias y en los colegios a los que pertenecen los menores.
Los mafiosos, los jíbaros y expendedores de drogas prohibidas saben que su actividad, como cualquier actividad comercial, está sujeta a las leyes de la oferta y la demanda. Han ideado la macabra estrategia de repartir y entregar muestras gratis a los niños y jóvenes estudiantes con el propósito de hacer nuevos clientes y asegurar la venta de la maldita mercancía.
Abastecen y surten permanentemente sus puntos de venta que suelen ser las llamadas ollas, algunos bares y discotecas o el jíbaro que lleva el alucinógeno a domicilio. Su consigna es que no falte la cocaína, el bazuco, la marihuana y toda la variedad de pepas como el éxtasis y las metanfetaminas con que están infestando y destruyendo a las futuras generaciones.
Es un delito tipificado en el artículo 376 del Código Penal que sanciona la conducta con pena de prisión de acuerdo al verbo rector que realice el sujeto activo, a la modalidad y a la cantidad de droga que se almacene, se venda o se ofrezca. El narcotráfico es pluriofensivo como quiera que amenaza o lesiona diversos e importantes bienes jurídicos: La salud pública, la integridad y la vida de los consumidores, la seguridad pública y el orden económico; para citar solo los de mayor categoría.
Algunos candidatos al Congreso y candidatos presidenciales, recayendo en el populismo punitivo, proponen la cadena perpetua para los responsables de microtráfico; es la salida más fácil, pero la menos seria, coherente y eficaz.
Se les olvida que esta problemática social es generada por una actividad que constituye la cola del dragón, un eslabón de la cadena del narcotráfico que empieza con el cultivo ilícito; su recolección, el procesamiento en laboratorios clandestinos; su transporte hacia las ciudades y pueblos y el comercio en diferentes grupos sociales. Es la punta del iceberg que amenaza con hundir aún más en la degradación a la familia y a la sociedad.
Problemática que obliga a confrontar conceptos como la dosis personal, la pena y sus funciones y derechos como el libre desarrollo de la personalidad y la libertad de autodeterminación que tienen las personas. Su solución no puede encontrarse solamente en la reforma de la Ley Penal; pues resulta incongruente que delitos más graves y que ocasionan mayor daño como los delitos de lesa humanidad; abuso sexual de menores, homicidio y secuestro, tienen como castigo la pena principal de prisión y no cadena perpetua; como lo proponen para el microtráfico.
Creemos que se requiere una reforma al estatuto procesal de la Ley 904 de 2006, en la que se prohíba la rebaja de penas para los reincidentes responsables de narcotráfico; que prohíba la libertad en casos de allanamiento y aceptación de cargos para sus autores o partícipes, y que en caso de condena no se conceda la libertad condicional; asegurando el cumplimiento físico y total de la pena. A la par de la reforma legal debe el Estado a través de sus instituciones de prevención y persecución del delito ejercer una actividad más contundente y eficaz contra todo el negocio del narcotráfico, desde la siembra, en el proceso de producción y en la represión implacable a los capos y jefes de las bandas criminales que se dedican a este abominable comercio. Las directivas de colegio y escuelas, deben cumplir cabalmente con su deber legal de protección y custodia de los estudiantes.
ABOGADO PENALISTA
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