Cuando finaliza la temporada de vacaciones, el conteo de quemados por pólvora resulta materia prima para los medios de comunicación con el fin de establecer si las estadísticas que comparan un año con el anterior, nos hace un país más o menos bárbaro.
El Instituto Nacional de Salud, entidad oficial que reporta la triste cifra, ha informado que el número de personas quemadas con pólvora no disminuyó en relación con el año anterior, hecho que pone en el centro de la discusión la posibilidad de que su uso, en manos de particulares, sea prohibido en Colombia. Por varias razones.
Según el INS, la cifra de niños quemados creció en un 3,5 % de un año a otro. Al 3 de enero pasado 292 menores sufrieron algún tipo de herida, ya sea por manipulación indebida o por estar cerca como observador. El número total de quemados ascendió a 787, eso quiere decir que más del 30 % de los reportes obedece a jóvenes que sufrieron alguna amputación, daños en ojos u oídos o laceraciones en alguna parte del cuerpo. La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Juliana Pungiluppi, ha reclamado mayores controles y un ajuste más severo de las normas.
La segunda razón tiene que ver con la “tradición”. A pesar de todas las campañas educativas, que se intensifican en la temporada decembrina, tanto los días previos al 24 de diciembre, ese día, y luego el 31, cuando el reloj marca las 12 de la noche, la ciudad se llena inexplicablemente de pólvora cuando se supone que, al menos en el área metropolitana de Bucaramanga, su comercialización y uso por parte de particulares están prohibidos.
Y el tercer argumento obedece a la debilidad institucional. Los alcaldes siguen teniendo la potestad de establecer o no restricciones a la venta y uso de pirotecnia, lo que dificulta su control en el territorio nacional. Para el presidente de la Federación Nacional de Pirotecnia, Carlos Carvajal, el análisis debe ser técnico y no moral. Que no nos coja el fin de año otra vez sin que se suscite un debate más que necesario.
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