Esperaba la renuncia de Néstor Humberto Martínez desde el mismo instante en que tomó posesión en 2016, cuando fue nombrado Fiscal General.
La polémica generada por su nombramiento a raíz de su participación en la redacción de la “Ley Urrutia”, que pretendía asignar a empresarios privados la explotación de terrenos baldíos por periodos de 30 años, sumado a su historial de dimisiones a cargos públicos para impedir que lo censuraran o lo destituyeran, presagiaban que esta vez como Fiscal, tampoco sería la excepción.
Su llegada a la Fiscalía hizo un flaco favor al desvencijado sistema judicial que ha estado plagado de controversia y polémica, en un momento de la historia del país, en el que se esperaba que la cabeza del ente investigador “pareciera”, por lo menos, imparcial; o como está de moda decir, una persona algo más técnica y menos política.
Me resulta increíble que hubiera continuado en su cargo, a pesar de su evidentísimo conflicto de interés en la investigación del caso de la multinacional Brasileña Odebrecht, pues Martínez fue el abogado del Grupo Aval en la época en que el grupo era socio de Odebrecht en la Ruta del Sol II.
Para nadie es un secreto la férrea crítica que Martínez ha hecho a la normativa de los acuerdos de paz. En un país donde nadie renuncia por nada, no existe la responsabilidad política, ni sanciones judiciales o sociales ejemplarizantes, la renuncia irrevocable del Fiscal, tras el fallo de la Justicia Especial para la Paz que otorgó garantía de no extradición a Jesús Santrich y ordenó a la Fiscalía dar trámite inmediato a su liberación, realmente parece un mal chiste.
Su actitud no ayuda en nada al momento crítico que vive el país. Escogió el peor de los escenarios, profundizando aún más la crisis y la mala hora de nuestro sistema de justicia, pero, sobre todo, crea un manto de dudas sobre las verdaderas razones que lo llevaron a renunciar.
Varias preguntas están en el tintero ¿Qué hay detrás de la renuncia? ¿Por qué, si la decisión de la JEP era un desafío al orden jurídico que no podía ser refrendado por él, no esperó que se resolviera el Recurso de Apelación interpuesto por la Procuraduría? ¿O será que su renuncia pretende evitar los impedimentos que en su contra aprobaría la Corte Suprema de Justicia?
¡Ahí les dejo!
dicripa@yahoo.com
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