Prepárense, ¡Vuelven los tamales a $30.000 para los niños!

3 Jun 2019 - 3:01am

Prepárense, ¡Vuelven los tamales a $30.000 para los niños!

Publicada por
CRISTINA PLAZAS
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Esta semana la Alcaldía de Neiva sorprendió al país al adjudicar a través de la Bolsa Mercantil de Colombia el contrato del programa de alimentación escolar PAE de esta ciudad a la Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones Limitada a pesar de los múltiples señalamientos e investigaciones que versan sobre esta.

Esta cooperativa fue utilizada por el “zar” del PAE, Germán Trujillo, para apropiarse de los recursos de los niños en Santander y que hoy lo tiene tras las rejas.

Además del proceso penal de Trujillo, esta cooperativa tiene una investigación vigente por cartelización empresarial, investigada por la SIC y una medida cautelar que fue inscrita en febrero pasado ante la Cámara de Comercio de Neiva por orden de un fiscal de extinción de dominio.

Ante esto, la pregunta que surge es el porqué los contratistas que no cumplen o que están siendo investigados pueden seguir contratando con las entidades públicas. La triste realidad es que nuestra legislación es demasiado garantista en los procesos sancionatorios, lo que impide al Estado ser eficaz en la toma de decisiones.

Adicionalmente, a las entidades públicas les faltan dientes para sancionar a los contratistas; los procesos sancionatorios son eternos, de tal forma que los contratistas recurren a miles de artimañas para dilatar las audiencias públicas, haciendo casi imposible que se cumplan las condiciones para que puedan ser inhabilitados.

Es tan absurda la ley, que establece que, para inhabilitar un contratista, debe obtener 5 multas en un año, o dos multas y un incumplimiento o dos incumplimientos. De ahí que la ley se hizo para no poder sacarlos del juego. Y si milagrosamente se sanciona, el periodo de inhabilidad es de máximo cinco años, después de los cuales el contratista puede volver a contratar.

El otro problema que surge es que cuando quedan en firme las sanciones, los corruptos crean nuevas empresas a través de testaferros, o peor aún muchos de los que son sancionados penalmente e inhabilitados no eran socios de las empresas sino sus representantes legales y como esas inhabilidades no se hacen extensivas a las empresas y a sus empleados, los corruptos siguen contratando y robando ante los ojos de todo un país que no puede hacer nada.

Como si fuera poco, los funcionarios que se atreven a sancionar terminan empapelados.

¿Será mucho pedir que el Gobierno y el Congreso se dediquen a promulgar las leyes necesarias para que la premisa de roba y reinarás deje de ser la triste realidad de nuestro país?

@cristinaplazasm

Este artículo obedece a la opinión del columnista. El Nuevo Día no responde por los puntos de vista que allí se expresen.