Se deben crear todas las condiciones para lograr una cultura de la paz y ello es responsabilidad de todos, desde el Estado, quien debe diseñar una verdadera inversión social, y poner toda su voluntad para que ello se cumpla. Todos, desde los gobernantes, en cada una de las divisiones administrativas de nuestro país, hasta el más insignificante de los colombianos, debemos contribuir a construir una nueva forma de convivencia social, basada en el respeto de los derechos del “otro”, y la recuperación de los valores morales.
Por ello, es importante incluir en ella con mucha responsabilidad el estudio de las causas y consecuencias de la violencia en cada región y ojalá como política pública no solamente se quede en el diagnóstico o en el análisis sino que es bueno dar alternativas de solución a los conflictos y sugerir experiencias conocidas en la resolución de los conflictos y que han sido exitosas, y que se autoricen mesas regionales que contribuyan a buscar gestiones eminentemente humanitarias, conforme a los trámites de la Ley que adopta el Protocolo II de Ginebra. Y en esas mesas de diálogo también la sociedad civil trabaje con el gobierno todo lo relacionado a la “erradicación definitiva de la violencia” para lograr el desarrollo armónico e integral del país y lograr que el “post-conflicto” sea de una gran significación para la democracia colombiana y sus regiones.
Pero aún hace falta mucho para la defensa y protección del Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos.
Hay que sacudirnos por la paz y la no violencia para que se adopten soluciones negociadas y el respeto por la población, que se estimule el desarrollo social y, sobre todo, que nos permita entrenarnos para vivir en paz, y erradicar de una vez por todas la violencia que nos ha dejado pobreza, hambre desolación tristeza, muerte y desplazamiento forzado. Sí a la paz no a la violencia.
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