Doscientos años más

Columnista Invitado

Mientras, por un lado, tal como lo tituló la revista Semana, se cumple el primer “año de aprendizaje” del gobierno Duque, por el otro estamos frente a la celebración del Bicentenario de la Batalla de Boyacá. Ambos escenarios pueden propiciar la reflexión nacional; en tanto, si logramos los objetivos de la anhelada independencia, y si la presidencia es una institución pensada para el aprendizaje personal.

Pese a que el ejército libertador pretendía independizarnos del virreinato de Nueva Granada para obtener autonomía territorial y la adultez política suficiente para auto determinar los destinos de la patria, se consolidó algo así como el Virreinato de Bogotá. Esta vez ya no presidido por españoles designados por la corona, sino más bien por los prohombres pertenecientes a la emergente clase aristocrática.

Por lo tanto, se instauró un gobierno fuertemente centralista y presidencialista, que condujera a la Nación, como pretendían, por las sendas del crecimiento y sostenimiento del orden público, concentrando todo el poder en Bogotá, desconociendo los intereses regionales o provinciales.

Sin embargo, en la reforma constitucional de 1853 se dio paso a la autonomía de las regiones, permitiendo que estas convinieran su organización, régimen y administración. Esta Constitución dio paso a la de Rionegro de 1863, que concluyó tristemente con el inicio del periodo conocido como la hegemonía conservadora y la Constitución de 1886, quedando en promesas la soñada descentralización administrativa y autonomía territorial, el sueño de la lucha independentista.

Ya con la Carta de 1991 se logra nuevamente poner en el debate público la necesidad de mayor poder a las regiones, fortalecer la autonomía territorial de los Municipios y, en fin, permitir bordear el principio de la libre determinación de los pueblos.

Sin embargo, aún estamos en mora de tener una verdadera y fortalecida Ley de Ordenamiento Territorial que defina claramente las competencias entre la Nación y las entidades territoriales. Que permita equidad en la distribución de los recursos, adecuados en todo caso, a las competencias asignadas a los Municipios.

Las relaciones entre los distintos niveles territoriales deben basarse en los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad establecidos en la Constitución, y no depender de favores políticos o simpatías electorales y partidistas. Nos han acostumbrado a ver a los Alcaldes haciendo antesala para la aprobación de recursos que contribuyan al desarrollo de sus municipios, dependiendo esta aprobación de los cálculos políticos del gobernante de turno.

Seguimos dependiendo del Virreinato de Bogotá, que seguramente planea un desarrollo muy dispar de lo que realmente desean los habitantes de los territorios.

Ejemplo de esto son las múltiples consultas populares que se han llevado a cabo en Municipios donde pretenden impulsar proyectos mineros o extractivos. Pasando por encima de la voluntad popular y autonomía territorial consagrada en la Constitución, el legislador continúa expidiendo normas ajenas a los territorios, creando una sombra de descontento popular, porque la gente no la considera producto del consenso democrático.

Pero tenemos buenas noticias; el Gobierno nacional ha cumplido un año de aprendizaje. Tal vez en tres años más, el Ministro de Hacienda entienda las causas del desempleo y proponga medidas para corregirlo. O, quien sabe, tal vez, el señor Presidente acate el consejo de Butragueño sobre el uso de la cabeza.

¿Nos esperan doscientos años más?

danielfsotomejia@gmail.com

Comentarios