Muchos quedamos estupefactos cuando la Contraloría reveló que la entidad solo recupera el 0.4% de los recursos que se roban los corruptos, es decir, ¡Nada!
Esto demuestra que el organismo de control como estaba concebido no tenía los dientes suficientes para ejercer un control fiscal efectivo.
Para suplir estas deficiencias, el Contralor General presentó un proyecto de ley que dota a la entidad de herramientas necesarias para mejorar su capacidad y efectividad. Esta semana fue aprobado en medio de muchas críticas. Para algunos, volvimos a la era de terror del control previo y para otros, la entidad ahora sí podrá advertir sobre posibles desfalcos y tomar acciones a tiempo.
Pero no habrá reforma que valga si no se modifica la elección de los contralores en el país. El Contralor General es elegido por el congreso en pleno y los regionales por las asambleas y concejos. Imposible encontrar un sistema más perverso. Todo se convierte en una cadena de favores donde todos se protegen.
Para que el candidato salga elegido, tiene que hacer acuerdos políticos con los miembros de las corporaciones públicas, sus electores; y esto se hace a través de la famosa mermelada.
Por ello, la mayoría de las delegadas están en manos de políticos y no de técnicos que protejan los recursos.
Por tanto, la mayoría de los contralores le deben el puesto a quienes van a controlar.
Todo se resume en una máxima: Tú me eliges, yo te “controlo”.
Y esto ha conllevado a consecuencias nefastas que se traducen en los actos de corrupción de algunos contralores en los últimos años. Recordemos los casos del ex contralor de Bogotá, Miguel Ángel Moralesrussi, que se alió con los concejales y con el gobierno Distrital para el mayor desfalco de la capital: el cartel de la contratación; del actual contralor, al cual la fiscalía le imputó cargos por el caso de Odebrecht; las capturas de los contralores de Santa Marta, Neiva, Antioquia, Florencia entre otros.
¿Y saben quién responde por la elección de estos funcionarios?: ¡Nadie! Los partidos políticos, como es costumbre, esconden la cabeza.
¿Cómo van a controlar si todos son parte de las mismas estructuras políticas regionales?
El Congreso nuevamente tuvo la oportunidad de cambiar esto y hasta el séptimo debate estaba incluido que los contralores serían nombrados por concurso de méritos realizado por función pública y no por votación de los concejales y diputados; pero como siempre, primaron los intereses políticos de la mayoría de los congresistas y no el bien común. Una vez más se salieron con la suya.
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