Estamos a pocos días de las elecciones regionales y surge la pregunta si la Constitución del 91 fortaleció o debilitó la democracia al establecer la elección popular de alcaldes y gobernadores.
Hemos visto en las últimas elecciones que la plata mal habida decide quiénes son nuestros gobernantes. En 2015, una campaña a la gobernación en un departamento como Córdoba llegó a costar 30 mil millones de pesos. Para las corporaciones públicas, la cifra también es exorbitante: conozco campañas al Senado que costaron más de 6 mil millones de pesos.
El exceso de mermelada, el otorgamiento descarado y corrupto de los cupos indicativos, la laxitud y la ineficiencia de la justicia, la entrega de avales de los partidos políticos sin importar las hojas de vida y honestidad de los candidatos contribuyeron a esta debacle.
La ecuación es fácil: los financiadores llenan las arcas de las campañas y en contraprestación los gobernantes amañan las licitaciones para adjudicarles los contratos.
En elecciones anteriores, los principales financiadores eran los contratistas tanto nacionales como locales. En esta oportunidad, se percibe que ha disminuido sustancialmente el apoyo económico de los contratistas a estas campañas, debido fundamentalmente a la reducción de la inversión pública por el apretón fiscal y a las normas aprobadas sobre contratación estatal destinadas a reducir las arbitrariedades y la corrupción en la celebración de contratos. Un ejemplo es la ley de los pliegos tipo que se aprobó en 2018 para los contratos de infraestructura y que hoy está ad portas de extenderse a otros procesos de contratación.
Debido a esto, los contratistas no tienen claridad de retorno en la inversión, además del temor sembrado por las consecuencias jurídicas que están viviendo varios de ellos.
Pero no todo son buenas noticias; la mafia de los contratistas es reemplazada por otras mafias. Muchos líderes regionales me cuentan cómo las mafias del narcotráfico, de la minería ilegal, de las bandas criminales, del chance, entre otros, se están apoderando de las campañas en los municipios y en algunas capitales.
Esto no quiere decir que no hayan influido en las últimas campañas; pero, para un candidato era más fácil negociar con contratistas corruptos que ante la sociedad era “legal” que venderle el alma al diablo.
Esas mafias del pasado están regresando para quedarse, a menos que las autoridades actúen con determinación. ¡Ya están advertidos!
La democracia en el país está en cuidados intensivos; la mayoría de los gobernantes llegan a enriquecerse y no a trabajar por el pueblo, evidenciado en que en los últimos 6 años la Procuraduría sancionó a 53 gobernadores, 1.034 alcaldes, 863 concejales y 23 diputados.
Insisto, ¿será que los constituyentes del 91 cometieron el peor error de la historia al establecer la elección popular de alcaldes y gobernadores?
Tristemente creo que sí.
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