Con la propuesta de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras -Anif- de crear un nuevo esquema de contratación para los jóvenes menores de 25 años, que permita se les pague tan solo el 75% del salario mínimo; una vez más, queda sobre la mesa la mezquindad de algunos sectores económicos con los más vulnerables, en este caso, los jóvenes que recién ingresan al mercado laboral.
Pese a lo escandalosa que pueda sonar la propuesta, no debe sorprendernos, es la misma posición anacrónica de ciertos sectores empresariales, que responsabilizan de los altos índices de desempleo a los “altos salarios que se pagan en el país”. Y no es para menos, de manera irresponsable, y aupados por el Gobierno nacional, siguen haciendo Lobby para generar cada vez más, rentas exentas que permitan acrecentar capitales privados sin generar inversión social. Como si la responsabilidad del descalabro económico recayese en los trabajadores y en el pago de impuestos que permiten la inversión social.
Todo el tiempo escuchamos los reclamos ciudadanos de que las empresas no contratan a determinada persona, porque “está muy vieja” o porque “no tiene experiencia”. Uno de los problemas que seguramente ocurrirá es que comenzarán despidos de trabajadores que superen esta edad. Porque -para qué pagar el 100% del salario mínimo si puedo pagar tan solo el 75%-. Y esto, claro, se entiende en la medida de que este tipo de empresarios no tienen compromiso social con el país, sino simplemente son movidos por la generación de sus ganancias. Lo grave es el alcance que esta propuesta pueda tener en el ejecutivo. Ya que el Presidente, quien estuvo en la asamblea de la Anif, no rechazó la idea y por el contrario manifestó que se necesita “una combinación de múltiples estrategias”; y como lo novedoso es la frágil economía naranja, ¡debemos también tener frágiles salarios y garantías laborales precarias, que respondan a las necesidades del mercado! Porque además de semejante descaro de propuesta, el señor Sergio Clavijo, le solicitó al Presidente fijar topes a los costos de despido, -Porque echar a alguien en este país es muy caro-, según él. Sin mencionar la abolición de intereses a las cesantías y otras medidas que pondría contener la reformita laboral y pensional.
Las novedosas propuestas no salen de solicitarle, incluso a los gobiernos locales, exenciones tributarias, con la excusa de que esto ¡mágicamente! aumentará los índices de ocupación. Sin mencionar los desastres socio-económicos que procuran este tipo de medidas al desfinanciar a los gobiernos para desarrollar las obras y proyectos que permitan cerrar las brechas económicas y disminuir la desigualdad, que es uno de los problemas estructurales de Colombia. Como lo mencionó el propio Clavijo en la entrevista le hiciera el diario La República, al retirarse de la dirección de la Anif “regresará a la lucha de clases”, pero lógicamente, no del lado de las clases vulnerables y desprotegidas.
No todo es malo, la Corte Constitucional sigue cumpliendo su labor de guardar la carta del 91 y declaró la inexequibilidad de la Ley de Financiamiento. Según uno de los demandantes, el profesor Daniel Libreros, la mencionada Ley traía exenciones exageradas a los empresarios, y el hueco fiscal que generaba lo teníamos que pagar las clases medias y bajas. ¡Descaraditos!
danielfsotomejia@gmail.com
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